El futuro de la mascletà del 9 d'octubre en València está en vilo. El sector pirotécnico ha lanzado una advertencia clara: si la plaza del Ayuntamiento no se libera ya, el espectáculo podría quedarse fuera del programa y la administración tendría que responder por daños económicos. La Asociación Española de la Pirotecnia y otras entidades han pedido que se devuelva el uso público de la plaza, ahora ocupada por una acampada con unas 500 tiendas. Hablan de "inacción intolerable" ante la falta de soluciones.
Según datos de ABC, el 7 de octubre la plaza albergaba más de 300 tiendas de campaña, y los organizadores de la acampada han decidido mantener la protesta de forma indefinida.
Los pirotécnicos rechazan mover el evento a otro sitio, como han propuesto los acampados en redes sociales. Explican que la seguridad y la legalidad del disparo dependen de perímetros y zonas de exclusión fijados con meses de antelación, además de planes de emergencia y reuniones técnicas previas. Cambiar de ubicación o disparar con estructuras ajenas en la plaza, insisten, pondría en riesgo la seguridad pública y anularía los permisos ya concedidos.
La alcaldesa de València, María José Catalá, ha reiterado que no contempla cancelar ni aplazar los actos del 9 d'octubre y exige a la Delegación del Gobierno que garantice su celebración, mientras que la delegación insiste en que la decisión sobre el programa festivo corresponde al ayuntamiento.
La Asociación Española de la Pirotecnia recuerda que detrás de cada mascletà hay meses de inversión, diseño digital, fabricación de material y contratos laborales hechos a medida para la plaza del Ayuntamiento. Los profesionales y empresas internacionales remarcan que no pueden ser "rehenes" de la falta de firmeza institucional en la gestión del espacio público.
Si la mascletà y el simposio internacional no se celebran en València, el golpe no solo sería para la reputación del sector. También podría afectar de lleno a la economía local. Esta situación trae a la memoria otros episodios recientes donde la gestión de espacios públicos y grandes eventos ha generado tensiones, como se analizó en este análisis previo sobre la organización de plataformas internacionales en València.
La presión sobre las autoridades es máxima. Los pirotécnicos piden una solución inmediata y avisan: si no se garantiza la mascletà y el simposio, la administración tendrá que asumir las consecuencias legales y económicas. Este pulso entre el sector y las instituciones deja al descubierto lo frágil que puede ser la gestión pública ante eventos de alto impacto y la importancia de anticipar conflictos para evitar daños mayores a la economía local y a la imagen de València como referente en grandes celebraciones.
Según información de ABC, la Delegación del Gobierno descarta el desalojo forzoso de la acampada, ya que los participantes ejercen su derecho constitucional de reunión y no existen motivos para una intervención policial.
