Más de 800 personas duermen en la calle en Madrid a la espera de una plaza municipal. El Ayuntamiento ordena no usar el término 'lista de espera'. La asignación depende de la vulnerabilidad, no del tiempo de espera.
En Madrid, 842 personas sin hogar figuran en los registros municipales como solicitantes de una plaza en los recursos de alojamiento de la ciudad. Algunas llevan esperando desde 2022, sin garantías de acceder a un techo. El Ayuntamiento ha instruido a los trabajadores para que eviten el término “lista de espera” y, en su lugar, hablen de personas “pendientes de acceso o de asignación de plaza según sus necesidades”. Esta directriz fue comunicada en una reunión de la subcontrata encargada de la asistencia a personas sin hogar, según consta en el acta interna.
La gestión de estas plazas recae en la Puerta Única de Entrada (PUE), un equipo de cuatro profesionales que evalúa la situación de cada solicitante. La prioridad no se basa en el tiempo de espera, sino en la vulnerabilidad: mujeres expuestas a violencia, personas con trastornos mentales, víctimas de agresiones o quienes acaban de salir del hospital. Sin embargo, ni siquiera estos perfiles tienen asegurado el acceso inmediato. La mayoría de quienes esperan, según trabajadores consultados por EL PAÍS, nunca obtendrán una plaza, ya que el sistema prioriza casos críticos y la demanda supera con creces la oferta de 1.222 plazas disponibles.
Desde el área de Política Social del Ayuntamiento insisten en que no existe una nueva instrucción y que el procedimiento es el habitual. Argumentan que una única lista de espera “deshumaniza la atención” y que la asignación se realiza tras una valoración individualizada. Sin embargo, empleados de los Equipos de Calle describen una realidad diferente: la lista oficial no garantiza nada y la verdadera selección se realiza de forma interna, con nombres apuntados en una pizarra en el centro de Pedro Meca, sede de los Equipos de Calle y del PUE.
El conflicto se agrava tras la polémica por la retirada de pertenencias a personas sin hogar sin previo aviso, una práctica que el Ayuntamiento justificó como parte de su política social. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, defendió que el objetivo es ofrecer una salida digna, aunque los trabajadores denuncian que los recursos están saturados y no existen alternativas reales para quienes son desalojados. En una reciente Comisión de Política Social, la directora general de Inclusión Social negó que se tiren pertenencias y atribuyó las críticas a una supuesta revancha sindical, lo que provocó la reacción de los Equipos de Calle, que la acusaron de minimizar sus reivindicaciones y de faltar a la verdad.
La oposición municipal, representada por Más Madrid, ha criticado la falta de transparencia y la negativa del gobierno local a reconocer la existencia de cientos de personas esperando una plaza. La portavoz Rita Maestre acusa al Ayuntamiento de ocultar la magnitud del problema al no contabilizar oficialmente a quienes esperan, mientras que la concejala Cuca Sánchez reprocha al delegado de área por no responder directamente a las preguntas sobre la gestión de los recursos.
La situación en Madrid refleja una presión creciente sobre los servicios sociales municipales, en línea con lo que ocurre en otras ciudades españolas. Por ejemplo, en Andalucía, los usuarios han denunciado carencias similares en la atención a colectivos vulnerables, como se detalla en el análisis sobre la falta de recursos para el Trastorno Límite de Personalidad publicado recientemente en Español News. En ambos casos, la saturación de los servicios y la falta de plazas generan situaciones de espera prolongada y malestar entre los afectados y los profesionales que los atienden.
En España, la atención a personas sin hogar depende en gran medida de los recursos municipales y de la colaboración con entidades sociales. La falta de plazas y la priorización por criterios de vulnerabilidad, en lugar de antigüedad en la espera, es una práctica extendida en grandes ciudades. Según datos oficiales, el número de personas sin hogar en el país ha aumentado en los últimos años, impulsado por factores como la crisis de vivienda, el desempleo y la precariedad laboral. Las organizaciones sociales reclaman una mayor inversión y una estrategia coordinada para garantizar alternativas reales a quienes viven en la calle. La situación en Madrid pone de relieve la dificultad de dar respuesta a una demanda creciente y la necesidad de revisar los criterios y la transparencia en la gestión de los recursos de alojamiento.
