La Comunidad de Madrid pondrá a la venta un ático de 485 m² en Chamberí y cuatro pisos en Gran Vía usados como oficinas sin licencia. Los fondos se destinarán a la reconstrucción tras los incendios en la Sierra Oeste.
La Comunidad de Madrid ha decidido vender el ático de lujo de 485 metros cuadrados en Chamberí, adquirido hace apenas tres meses, junto a otros cuatro pisos en Gran Vía que se utilizaban como oficinas sin la licencia correspondiente. El anuncio, realizado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, llega tras la polémica generada por la compra y el uso de estos inmuebles en edificios donde la normativa municipal prohíbe expresamente el uso administrativo.
La medida se presenta como una respuesta directa a las críticas recibidas en los últimos días, después de que se conociera la adquisición del ático para uso de oficinas, pese a que el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid impide este destino en plantas ático. Según el Ejecutivo regional, los ingresos obtenidos de la venta se destinarán a la reconstrucción de la Sierra Oeste, gravemente afectada por los recientes incendios que destruyeron un centenar de primeras residencias.
El caso del ático no es aislado. La empresa pública Planifica Madrid, dependiente de la Consejería de Presidencia, ya había previsto en sus presupuestos la venta de varios pisos en Gran Vía 6 y en la calle Santa Catalina, todos utilizados durante años como oficinas sin la preceptiva licencia. El documento presupuestario de 2026 reconoce que la demanda residencial en estas zonas es mucho mayor y que la normativa impide regularizar el uso administrativo de estos espacios.
El precio de salida para el piso de Gran Vía era de 11,74 millones de euros, mientras que el de Santa Catalina alcanzaba los 21,15 millones. Sin embargo, la primera subasta quedó desierta y la Comunidad de Madrid vuelve a intentarlo ahora, incluyendo estos inmuebles en la operación anunciada por el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, que estima una recaudación de hasta 20 millones de euros.
La gestión de estos espacios ha generado confusión entre ciudadanos y usuarios. Tras el traslado de las oficinas administrativas, la portera del edificio de Gran Vía 6 relata que siguen llegando personas en busca de servicios que ya no se prestan allí, ya que la dirección continúa figurando en páginas oficiales. Una situación similar se da en otros edificios de la Gran Vía, donde antiguas oficinas de la Comunidad han sido sustituidas por hoteles, pero aún aparecen en buscadores como sedes administrativas.
El caso del inmueble de la calle Santa Catalina, finalmente vendido a la inmobiliaria mexicana Be Grand por 26,01 millones de euros sin impuestos, ilustra la dificultad de adaptar estos espacios a usos distintos del residencial. El edificio, de más de 4.300 metros cuadrados, albergaba hasta su venta el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual y está situado a escasos metros del Congreso de los Diputados.
La normativa urbanística de Madrid, vigente desde 1997, es clara: el uso de oficinas solo está permitido en plantas bajas, semisótanos y primeras plantas, quedando excluidas las plantas ático y superiores. Esta restricción afecta tanto al ático de Chamberí como a los pisos de Gran Vía y Santa Catalina, lo que ha obligado a la Comunidad a replantear su estrategia inmobiliaria.
El anuncio de la venta se produce tras días de explicaciones contradictorias por parte del Gobierno regional sobre el destino del ático. Inicialmente se justificó como oficina temporal para la presidenta durante obras en la sede de Sol, luego se sugirió que podría ser utilizado por consejeros, y finalmente se optó por la venta tras la presión mediática y política. En este contexto, la polémica recuerda a episodios anteriores, como la reciente controversia por la adquisición del ático de lujo para uso de Ayuso, que ya había sido analizada en un reportaje anterior de espanol.news.
En el contexto inmobiliario madrileño, la reconversión de oficinas ilegales en viviendas de lujo refleja tanto la presión sobre el mercado residencial como la dificultad de la administración para adaptar su patrimonio a la normativa vigente. La venta de estos activos permitirá a la Comunidad de Madrid obtener liquidez inmediata, aunque la gestión previa ha dejado dudas sobre la planificación y el control del uso de los inmuebles públicos. Según datos oficiales, la demanda de vivienda en el centro de Madrid sigue siendo muy alta, mientras que la oferta de oficinas se ha reducido tras la pandemia y la consolidación del teletrabajo. La normativa urbanística, por su parte, busca preservar el equilibrio entre usos residenciales y terciarios en zonas históricas, limitando la proliferación de oficinas en edificios protegidos o residenciales. La operación anunciada por el Gobierno regional podría marcar un precedente para futuras desinversiones de patrimonio público en la capital.
