El proceso extraordinario de regularización de inmigrantes cerró con 1,17 millones de solicitudes. La mayoría proviene de América Latina y personas jóvenes. Madrid, Barcelona y Valencia lideran en número de expedientes.
El cierre del plazo para la regularización extraordinaria de inmigrantes en España ha dejado cifras inéditas: 1.174.968 solicitudes presentadas, según los primeros datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De ellas, solo 11.000 personas han sido ya regularizadas, mientras que más de 600.000 expedientes están en trámite. El volumen supera ampliamente las previsiones iniciales del Gobierno, que esperaba entre 500.000 y 750.000 peticiones.
La procedencia de los solicitantes marca una tendencia clara. Casi siete de cada diez expedientes corresponden a personas de América Central y del Sur, con 787.235 solicitudes. África es la segunda región de origen, con 269.070 casos. Colombia encabeza la lista de nacionalidades, representando el 26% del total, seguida de Marruecos (13,3%) y Venezuela (11,8%).
El perfil demográfico de quienes buscan regularizar su situación es mayoritariamente joven y masculino. El 81% de los solicitantes tiene menos de 45 años, y la franja de 25 a 34 años concentra el mayor número de peticiones, con 367.768 expedientes. Los hombres suman 669.737 solicitudes, frente a 505.241 presentadas por mujeres.
En cuanto a la situación administrativa previa, casi el 80% de las personas que han solicitado la regularización residían y trabajaban en España de forma irregular. El 20% restante renunció a procesos de protección internacional, en muchos casos por proceder de países en conflicto o situaciones de riesgo.
La distribución territorial de las solicitudes refleja el peso demográfico de las provincias. Madrid lidera con 202.424 expedientes, seguida de Barcelona (192.195) y Valencia (74.951). En el extremo opuesto, provincias como Palencia, Soria y Zamora apenas superan las 2.000 solicitudes cada una.
Una encuesta voluntaria, aunque aún poco representativa, apunta a un alto nivel de formación entre los solicitantes: dos de cada tres cuentan con estudios posobligatorios. El 43% ha completado Bachillerato o Formación Profesional, y el 24% posee titulación universitaria. Además, ocho de cada diez declaran tener dominio del español, y el 40% afirma conocer alguna lengua cooficial de las comunidades autónomas.
El Gobierno dispone ahora de tres meses para resolver la mayoría de los expedientes. El proceso, que ha superado todas las expectativas, pone de relieve la magnitud de la inmigración irregular en España y la demanda de integración formal. Según datos oficiales, la regularización extraordinaria es una de las mayores operaciones de este tipo en la historia reciente del país.
En contexto, España ha experimentado en la última década un aumento sostenido de la inmigración, especialmente desde América Latina y África. Las grandes ciudades concentran la mayor parte de la población extranjera, lo que se refleja en la distribución de las solicitudes. El acceso a la regularización puede tener un impacto directo en el mercado laboral, la seguridad social y la integración social de cientos de miles de personas. El proceso también supone un reto administrativo para las autoridades, que deberán gestionar un volumen de expedientes sin precedentes en un plazo limitado.
