El PP de Andalucía y Vox mantienen conversaciones discretas para investir a Juan Manuel Moreno antes de mediados de julio. El sector agrícola y la prioridad nacional centran el debate. La presión sobre la izquierda aumenta.
El Partido Popular de Andalucía y Vox avanzan en las negociaciones para la investidura de Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta, con el objetivo de cerrar el acuerdo en la primera quincena de julio. A diferencia de lo ocurrido en otras comunidades, ambas formaciones mantienen un diálogo fluido y discreto, evitando los bloqueos y retrasos que marcaron los pactos en Extremadura, Aragón y Castilla y León.
Desde el primer encuentro el 9 de junio, el PP andaluz ha insistido en separar el proceso de negociación del contexto nacional, subrayando que la situación electoral en Andalucía es distinta: solo dos diputados separan a Moreno de la mayoría absoluta y el partido obtuvo 150.000 votos más que en los comicios anteriores. Esta estrategia de aislamiento ya funcionó en la legislatura anterior y ahora se busca repetir el modelo para garantizar estabilidad y evitar interferencias externas.
Vox, por su parte, ha rebajado el tono respecto a sus exigencias iniciales, aunque su líder en Andalucía, Manuel Gavira, mantiene que las propuestas no diferirán de las planteadas en otras regiones. Sin embargo, fuentes del PP señalan que la disposición de Vox es más flexible en esta ocasión. El partido de Santiago Abascal no ha exigido formalmente entrar en el gobierno, aunque ha mostrado interés por la Consejería de Agricultura, un área clave en los acuerdos autonómicos previos y que ahora vuelve a estar en el centro del debate.
El sector agrícola andaluz se ha convertido en uno de los puntos más sensibles de la negociación. Todas las organizaciones agrarias, incluida Asaja, han pedido que la Consejería de Agricultura no quede en manos de la extrema derecha, argumentando que no se han afrontado los retos básicos del sector. Esta presión ha sido recibida con atención por el PP, que busca evitar un desgaste en su imagen moderada y mantener el control sobre áreas estratégicas del gobierno autonómico.
Mientras tanto, Moreno ha intensificado la presión sobre los partidos de izquierda, reprochando al PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía su negativa a abstenerse en la investidura. Aunque desde el día siguiente a las elecciones del 17 de mayo las direcciones de estos partidos descartaron cualquier acercamiento, el presidente en funciones insiste en que la responsabilidad de evitar un pacto con Vox también recae en la oposición. La UGT Andalucía, tradicionalmente vinculada al PSOE, ha pedido públicamente evitar gobiernos con fuerzas antidemocráticas, aunque la ejecutiva socialista rechaza cualquier apoyo a Moreno, alegando que supondría avalar la privatización de servicios públicos.
El calendario parlamentario avanza: el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha citado a los grupos para la consulta previa a la propuesta de candidato, cuyo plazo expira el 26 de junio. Una vez designado Moreno, no existe un plazo fijo para convocar el pleno de investidura, pero si no se alcanza un acuerdo en la primera votación, se abriría un periodo de dos meses antes de convocar nuevas elecciones. El entorno de Moreno descarta prolongar el proceso y confía en cerrar el gobierno antes de las vacaciones de verano.
En el contexto nacional, la gestión de pactos entre PP y Vox en otras comunidades ha generado polémica por medidas como la apertura de oficinas antiaborto, la reducción de ayudas a programas de igualdad y el refuerzo de controles sobre el padrón municipal. En Sevilla, el PP rechazó recientemente una moción de prioridad nacional presentada por Vox, al no aceptar las enmiendas populares. Estos antecedentes influyen en la cautela con la que se desarrollan las conversaciones en Andalucía.
Según datos oficiales, Andalucía es la comunidad autónoma más poblada de España y su sector agrícola representa una parte fundamental de la economía regional. La estabilidad política en la Junta es clave para la gestión de fondos europeos y la aplicación de políticas sociales. El desenlace de las negociaciones entre PP y Vox marcará el rumbo de la legislatura y podría influir en la dinámica de pactos en otras regiones.
