La investigación de la Guardia Civil sobre la trama de Leire Díez ha dado un giro inesperado. Los agentes encontraron una nota que conecta a Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, con la nacionalización exprés del exviceministro venezolano Nervis Villalobos. El documento apareció durante un registro en el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. En la nota se lee: “Expediente nacionalidad pregunta la Directora: Nervis Villalobos”.
Tras este hallazgo, la UCO interrogó al funcionario que tramitó la nacionalidad, que finalmente fue concedida a Villalobos. Según el informe enviado al juez Santiago Pedraz, el funcionario dijo que no sabía por qué se hizo esa inscripción. Para Villalobos, la nacionalización era clave. Como exiliado y exviceministro de Energía de Venezuela, buscaba evitar la extradición a Estados Unidos, donde está acusado de blanqueo de fondos públicos venezolanos.
Según fuentes policiales, la nacionalización de Villalobos fue finalmente denegada tras la revisión del expediente, pese al interés inicial registrado por la directora del área.
La conexión entre Villalobos y la trama de Leire Díez se refuerza con la sospecha de que el venezolano habría financiado presiones contra el fiscal José Grinda, uno de los objetivos de la red investigada. La UCO cree que la operación de nacionalización pudo ser clave para proteger a Villalobos de la justicia estadounidense. En este contexto, la influencia política y mediática se mezcla con intereses judiciales.
El informe de la UCO, al que accedió EL MUNDO, también muestra que el PSOE pagó cerca de 20.000 euros al medio Crónica Libre, vinculado a Leire Díez, para una campaña de publicidad durante las elecciones europeas. La Fiscalía Europea investiga si parte de ese dinero venía de la UE, tras una denuncia que apunta a un posible uso irregular de fondos públicos para favorecer la operativa de Díez. Según la documentación revisada, el contrato final para Crónica Libre fue de 14.980 euros netos, que con IVA suman 18.125,80 euros. Otras fuentes redondean la cifra a 18.000 o 20.000 euros.
Testimonios recogidos por la UCO cuentan que la campaña fue encargada por el PSOE a través de la agencia IKI Media Solutions. La inversión inicial fue de 20.000 euros y se llegó a plantear aumentarla. Sin embargo, empleados de la agencia y una excolaboradora de Crónica Libre señalan que el gasto era desproporcionado para un medio con poca audiencia y sin pruebas de impacto real. La periodista Nuria Coronado declaró que, al intentar publicar un artículo crítico con la Ley Trans, le dijeron que el medio había recibido 15.000 euros del PSOE y que no podía seguir adelante con la publicación.
La Fiscalía Europea ha solicitado información a la Audiencia Nacional para determinar si los pagos a Crónica Libre afectaron fondos protegidos de la Unión Europea, lo que podría derivar en responsabilidades a nivel comunitario.
La implicación de la hermana de un ministro en un expediente tan delicado y el posible uso de dinero público para influir en medios afines han puesto este caso en el centro del debate sobre transparencia y control institucional en España. La investigación judicial sigue abierta. Si la Fiscalía Europea confirma el uso de fondos comunitarios, el escándalo podría crecer a nivel internacional. La acumulación de indicios y la falta de explicaciones claras de los implicados refuerzan la necesidad de revisar a fondo los controles en la gestión de nacionalizaciones y contratos públicos con medios de comunicación.
Este caso se suma a otros recientes donde la relación entre partidos, medios y fondos públicos ha sido revisada por la justicia, como ocurrió en la anterior investigación sobre procesos judiciales de alto perfil. Más detalles sobre la investigación y el avance de la causa pueden leerse en el reportaje de El Debate.
