La policía investiga la posible influencia del entorno de Zapatero en la ayuda a Plus Ultra. En la investigación sobre la concesión de ayuda pública a Plus Ultra, la policía ha detectado intentos de presionar a SEPI. El foco está en la correspondencia entre altos directivos e implicados vinculados a Zapatero. El juzgado revisa un posible tráfico de influencias.
En España estalla un escándalo en torno a la concesión de apoyo estatal a la aerolínea Plus Ultra. La Policía Nacional presentó al tribunal documentos que apuntan a intentos de influir en el proceso de evaluación de la solicitud de la compañía a través del entorno del ex primer ministro José Luis Rodríguez Zapatero. Un episodio clave fue la correspondencia entre la dirección de Plus Ultra y los administradores de la consultora Análisis Relevante, vinculada a Zapatero.
Según la investigación, a principios de 2021 Plus Ultra buscaba activamente formas de obtener ayuda financiera lanzada por el gobierno para sostener empresas estratégicas afectadas por la pandemia. En uno de los mensajes, el alto directivo de la aerolínea Roberto Roselli se dirigió a Julio Martínez Martínez, administrador de Análisis Relevante, solicitando intensificar la presión sobre SEPI, el organismo estatal responsable de distribuir los fondos. Martínez Martínez expresó su disposición a colaborar, lo que, según la policía, podría indicar un intento de utilizar contactos personales para acelerar el proceso.
En el sumario también figura el expresidente Zapatero, a quien el tribunal considera como posible organizador de un esquema estable de influencia en las decisiones de organismos estatales en beneficio de terceros, principalmente Plus Ultra. Según la investigación, Martínez Martínez actuaba como su principal intermediario. Una prueba importante fue la correspondencia de Roselli, quien reenvió una captura de pantalla del diálogo con Martínez Martínez al principal accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes. En los mensajes se discutía el estado de la solicitud en SEPI y la posibilidad de ejercer presión adicional.
Unos días después de estos contactos, Reyes recibió felicitaciones de Martínez Martínez por la aprobación de la ayuda estatal. Reyes agradeció el apoyo, señalando que en tiempos difíciles este tipo de conexiones resultan decisivas. La policía y el juez observaron que la decisión oficial sobre la concesión de los fondos se tomó solamente varias semanas después de estos intercambios, lo que incrementó las sospechas de posible tráfico de influencias.
Durante la investigación también se analizaron otros mensajes entre la dirección de Plus Ultra y personas del entorno de Zapatero. En uno de los episodios se discutieron contactos con Manuel Fajardo, a quien la investigación describe como “el hombre de Zapatero en Venezuela”. En los mensajes se mencionaban detalles de encuentros personales y reuniones informales, lo que, según los investigadores, podría señalar intentos de utilizar vínculos políticos para resolver asuntos comerciales.
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, encargado del caso, considera que las pruebas reunidas permiten suponer la existencia de un esquema estable de tráfico de influencias con el objetivo de obtener beneficios económicos. La atención sobre el caso Plus Ultra no disminuye: anteriormente, en un contexto similar, se discutió la posibilidad de exigir responsabilidades a Zapatero, como se recogió en un reportaje sobre la reacción del expresidente Felipe González ante las medidas judiciales (más detalles sobre la reacción de González).
Para referencia: SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) es una entidad pública encargada de gestionar las acciones de empresas estratégicas en España. Durante la pandemia, fue a través de SEPI que se distribuyeron los fondos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Según la legislación española, los intentos de influir en las decisiones de organismos públicos utilizando el cargo o contactos personales pueden calificarse como tráfico de influencias y conllevan responsabilidad penal. El caso Plus Ultra se convirtió en uno de los ejemplos más destacados de revisión de la transparencia en la distribución de ayudas estatales en España en los últimos años.
