El ministro Óscar Puente considera que Carles Puigdemont debería volver a España tras el respaldo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la ley de amnistía. El Gobierno insiste en que la medida busca resolver el conflicto catalán sin recurrir a la prisión.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha instado públicamente a Carles Puigdemont a regresar a España, tras la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que respalda la ley de amnistía. En una entrevista en RNE, Puente afirmó que, en su lugar, no dudaría en volver, considerando que este paso representaría un acto de liderazgo político en el actual contexto.
Puente defendió la independencia de la mayoría de los jueces españoles, aunque señaló que existe una minoría con gran repercusión pública y política que, según él, actúa con intencionalidad más allá de lo jurídico. El ministro ironizó sobre la coincidencia temporal entre la resolución del TJUE y la decisión de la Audiencia de Madrid de sentar en el banquillo a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, subrayando que, aunque parezca casualidad, este tipo de situaciones se repiten con frecuencia en España.
En su intervención, Puente también criticó a la derecha política, mediática, económica y judicial, acusándola de no respetar las reglas democráticas y de intentar revertir los resultados electorales. Según el ministro, la ruptura del pacto de la transición se debe a la actitud de estos sectores, que consideran el poder como propio por naturaleza.
Por su parte, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, celebró el respaldo del TJUE a la amnistía y expresó su deseo de que la medida se aplique cuanto antes a los líderes del procés. Bolaños argumentó que la solución al conflicto catalán no pasa por encarcelar a quienes participaron en el proceso independentista, sino por cerrar esta etapa para beneficio tanto de la sociedad catalana como de la española en su conjunto. En declaraciones a Cadena SER, el ministro calificó de venganza las peticiones de prisión para los implicados y defendió la necesidad de resolver la situación con rapidez.
La ley de amnistía, recientemente avalada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha sido uno de los puntos más controvertidos en la política española de los últimos años. Su objetivo es eximir de responsabilidad penal a más de 400 personas vinculadas al proceso independentista catalán iniciado en 2017. El regreso de Carles Puigdemont, que permanece fuera de España desde entonces, podría marcar un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno central y Cataluña. El debate sobre la independencia judicial y la influencia de factores políticos en las decisiones de los tribunales sigue siendo un tema central en la agenda pública. La aplicación efectiva de la amnistía dependerá de la interpretación de los jueces españoles, lo que mantiene la incertidumbre sobre los próximos pasos en este proceso.
