El presidente de Plus Ultra reconoce ante la justicia la intervención de Zapatero y empresarios para lograr el rescate de 53 millones. El caso suma presión política y judicial sobre la gestión de fondos públicos.
El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha implicado directamente al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en las gestiones que permitieron a la aerolínea acceder a una ayuda pública de 53 millones de euros durante la crisis del Covid-19. Según consta en un escrito remitido al Tribunal Central de Instancia, la compañía recurrió tanto a Zapatero como al empresario Julio Martínez Martínez para acelerar la concesión del rescate aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2021.
La intervención de figuras influyentes fue clave en un proceso que apenas duró once meses desde el primer contacto con Zapatero, en abril de 2020, hasta la obtención de los fondos. Plus Ultra, una de las seis aerolíneas beneficiadas por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), justificó la búsqueda de intermediarios por la urgencia de liquidez ante el desplome del tráfico aéreo y el cierre de fronteras.
El relato judicial detalla que, tras una llamada con Zapatero, el presidente de Plus Ultra fue dirigido a Martínez Martínez, administrador de Análisis Relevante y amigo personal del exmandatario. Aunque en ese primer contacto no se habló de honorarios, la aerolínea acabó firmando en julio de 2020 un contrato de asesoramiento por 5.000 euros mensuales más IVA, y posteriormente otro acuerdo con Idella Consulenza Estratégica, también vinculada al entorno de Zapatero, que contemplaba una comisión del 1% sobre la ayuda finalmente aprobada.
La documentación aportada por Martínez Sola revela pagos por valor de 527.000 euros a sociedades de Martínez Martínez, incluyendo billetes de avión en clase Business. Además, la compañía solicitó gestiones directas ante la SEPI para agilizar el expediente, y mantuvo contactos frecuentes con responsables técnicos del organismo estatal encargado de tramitar el rescate.
El proceso de concesión de la ayuda estuvo rodeado de debate técnico y fuerte controversia política, especialmente tras conocerse la cuota de mercado limitada de Plus Ultra en España y su especialización en rutas con Venezuela. La aerolínea, controlada en un 45,3% por la sociedad Snip Aviation y con directivos venezolanos en su consejo, recibió un préstamo ordinario de 19 millones y otro participativo de 34 millones, ambos bajo supervisión de la SEPI y con informes favorables de la Dirección General de Aviación Civil y la Agencia de Seguridad Aérea.
El caso ha derivado en una investigación judicial sobre posibles delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. El Juzgado de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, dirigido por el juez José Luis Calama, analiza también el destino de los fondos públicos y la relación de la alta dirección de Plus Ultra con el régimen venezolano de Nicolás Maduro, así como presuntos casos de blanqueo de capitales detectados en investigaciones internacionales.
En el contexto de la causa, los actuales gestores de Plus Ultra han denunciado en Venezuela a antiguos directivos por el uso no autorizado de fondos y apropiación indebida entre 2022 y 2025. La relación entre los actuales responsables y los anteriores accionistas venezolanos es, según el propio Martínez Sola, inexistente en la actualidad.
El rescate de Plus Ultra fue avalado por la Comisión Europea y superó el escrutinio del Tribunal de Cuentas, la IGAE y la Oficina Nacional de Contabilidad, sin que se detectaran irregularidades en el uso de los fondos. Además, el Tribunal de Justicia de la UE desestimó en 2024 un recurso de Ryanair contra las ayudas del FASEE, considerándolas proporcionadas y conformes a la normativa europea.
La situación de Plus Ultra y el papel de Zapatero han sido objeto de atención mediática y política desde el inicio del proceso. En este contexto, otras investigaciones periodísticas han documentado el pago de comisiones por la gestión del rescate, reforzando el foco sobre la transparencia y el control de los fondos públicos destinados a empresas estratégicas durante la pandemia.
Como contexto, Plus Ultra fue fundada en 2015 con capital venezolano y operaba una flota de cuatro aviones A340 en rutas entre España y Latinoamérica. En 2019, la compañía contaba con 345 empleados y había experimentado un crecimiento del 47% en ingresos. El acceso al rescate se produjo en un momento en que los bancos habían cerrado el grifo del crédito, y la empresa logró cumplir los requisitos exigidos por la SEPI, incluyendo la presentación de un plan de viabilidad y la regularización de deudas con la Seguridad Social. El caso sigue abierto y bajo vigilancia judicial, con implicaciones para la gestión de futuras ayudas públicas en el sector.
