Joaquín Antonio Pino, nuevo consejero de Agricultura de Castilla y León, obtuvo una plaza de ingeniero agrónomo tras cursar un máster al que, según las normas, no podía acceder. El caso genera dudas sobre los controles en la formación exigida para cargos públicos.
El nombramiento de Joaquín Antonio Pino como consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de Castilla y León ha desatado controversia tras conocerse que accedió a una plaza de ingeniero agrónomo del Estado gracias a un máster para el que, según la normativa de la propia universidad, no cumplía los requisitos de acceso. Pino, veterinario de formación y figura destacada en el sector agrario de Ávila, logró cursar el máster en Ingeniería Agronómica en la Universidad Católica de Ávila (UCAL), a pesar de que la institución especifica que los titulados en Veterinaria no pueden acceder a este posgrado.
El máster, que Pino finalizó en noviembre de 2021, fue clave para que pudiera presentarse y superar la oposición de ingeniero agrónomo del Estado en 2023, lo que le permitió convertirse en funcionario. Sin embargo, la web de la UCAL deja claro que solo los titulados en carreras técnicas específicas pueden matricularse, excluyendo expresamente a los veterinarios. Esta excepción ha generado inquietud en los colegios profesionales, que insisten en que para ser ingeniero agrónomo es imprescindible contar primero con un grado en Ingeniería Técnica Agrícola antes de acceder al máster correspondiente.
El propio Pino, consultado por EL PAÍS, ha remitido su currículum y trayectoria académica, pero no ha aclarado cómo logró acceder al máster pese a la restricción. En la página oficial de la Junta de Castilla y León, el consejero figura como licenciado en Veterinaria y poseedor de cuatro másteres relacionados con el ámbito agrícola y alimentario, entre ellos el de la UCAL. Sin embargo, no consta formación universitaria previa en ingeniería agronómica, aunque en entrevistas y declaraciones públicas se presenta como ingeniero agrónomo.
La polémica se ha intensificado tras su reciente nombramiento, cuando varios medios regionales y colectivos profesionales detectaron la incongruencia entre su titulación y el acceso al máster. Según fuentes de los colegios, la situación ha generado malestar en el sector, ya que consideran que la UCAL habría reducido al mínimo los créditos exigidos en el posgrado y habría permitido el acceso de forma irregular. Además, reclaman que los ministerios revisen con mayor rigor la formación de los aspirantes a puestos públicos regulados.
Pino ha sido una figura relevante en Ávila, donde presidió durante 18 años la sección provincial del sindicato agrario Asaja y fue vicepresidente autonómico durante cuatro años. En su toma de posesión, afirmó haber ejercido tanto de veterinario como de ingeniero agrónomo, lo que ha contribuido a la confusión sobre su formación real. La web de Asaja también lo presenta como veterinario y máster en Agronomía, lo que ha alimentado las dudas en el gremio.
En España, la profesión de ingeniero agrónomo está regulada y requiere una formación específica, similar a lo que ocurre en otras profesiones sanitarias. El acceso a másteres habilitantes suele estar restringido a titulados en ramas concretas, y la omisión de estos requisitos puede poner en cuestión la validez de los títulos obtenidos y el acceso a plazas públicas. El caso de Pino pone el foco en la necesidad de controles más estrictos en la admisión a estudios de posgrado y en la verificación de la formación de los funcionarios que acceden a cargos de responsabilidad.
Como contexto, en los últimos años se han intensificado los debates sobre la homologación y el acceso a profesiones reguladas en España, especialmente en el ámbito público. Las universidades privadas, como la UCAL, tienen cierta flexibilidad para configurar sus programas, pero deben respetar los requisitos legales de acceso. La transparencia y el control en los procesos de selección de funcionarios son claves para garantizar la confianza en las instituciones y evitar situaciones que puedan generar dudas sobre la idoneidad de los responsables públicos.
