El Consejo General del Poder Judicial abre expediente disciplinario al juez Juan Carlos Peinado. El motivo: sugerir que la escolta policial de Begoña Gómez podría facilitar su huida. La decisión se tomó tras un debate interno en el órgano.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha iniciado un expediente disciplinario contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. La medida responde a una resolución judicial en la que Peinado insinuó que los agentes de policía encargados de la escolta de Gómez podrían colaborar en una posible fuga de la justicia. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces, citadas por EL PAÍS, confirman que la decisión fue adoptada tras un intenso debate en la Comisión Permanente del CGPJ.
La presidenta del Consejo, Isabel Perelló, fue quien propuso formalmente la apertura del expediente, considerando que las afirmaciones del magistrado podrían constituir una infracción grave según el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este artículo sanciona el exceso o abuso de autoridad y la falta grave de consideración hacia otros miembros del sistema judicial, incluyendo fiscales, abogados, procuradores y cualquier persona implicada en el procedimiento. Las sanciones previstas van desde multas económicas de hasta 6.000 euros hasta el traslado forzoso, la suspensión de hasta tres años o incluso la expulsión de la carrera judicial.
El debate sobre la actuación de Peinado se produjo en una sesión presencial celebrada este lunes en la sede del CGPJ, después de que inicialmente se barajara una reunión telemática el domingo. La votación resultó ajustada y fue el voto de calidad de la presidenta Perelló el que inclinó la balanza a favor de la apertura del expediente. El caso ha generado un notable revuelo en el ámbito judicial y político, ya que implica a la esposa del jefe del Ejecutivo y pone en cuestión la neutralidad de los procedimientos.
La situación de Begoña Gómez ya había sido objeto de atención mediática en semanas anteriores, cuando el juez instructor impuso restricciones como la retirada de pasaporte y la prohibición de salida del país, medidas que se detallan en un reportaje reciente sobre las limitaciones judiciales a la esposa del presidente. Ahora, la polémica se traslada al propio magistrado, cuya conducta está bajo escrutinio disciplinario.
Como dato relevante, Juan Carlos Peinado alcanzará la edad máxima de jubilación para jueces, 72 años, el próximo 27 de septiembre. Este hecho podría influir en el desarrollo y las consecuencias del expediente abierto. El caso pone de relieve la tensión existente entre la independencia judicial y la responsabilidad disciplinaria, especialmente en procedimientos de alto perfil político. El CGPJ, órgano encargado de velar por la integridad y el correcto funcionamiento de la judicatura en España, afronta así un nuevo reto en un contexto de creciente atención pública sobre la actuación de jueces y fiscales en causas sensibles.
