El concejal de Patrimonio de Valencia, Juanma Badenas (Vox), accedió sin notificación previa a la sede del Sindicat d’Estudiants. La organización denuncia allanamiento y anuncia acciones legales. El Ayuntamiento solicita un informe jurídico.
El acceso del concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de Valencia, Juanma Badenas (Vox), a la sede del Sindicat d’Estudiants del País Valencià sin previo aviso ni permiso ha generado una fuerte controversia en la ciudad. El incidente, ocurrido el pasado viernes, ha sido calificado por la organización estudiantil como un “allanamiento ilegal”, mientras que el edil justifica su actuación alegando que el local es una concesión municipal y que, según informes de la Policía Local, se encontraba cerrado en varias ocasiones.
La reacción del Sindicat d’Estudiants no se hizo esperar. La entidad sostiene que cualquier inspección debe realizarse bajo un procedimiento administrativo, con notificación previa y en presencia de los responsables y técnicos municipales, condiciones que, según denuncian, no se cumplieron en este caso. Además, han anunciado la presentación de una querella contra Badenas, a quien acusan de actuar sin respetar los derechos de los inquilinos del espacio cedido.
Por su parte, Badenas ha defendido en redes sociales que su visita al local, acompañado de dos empleados públicos, responde a su obligación de supervisar el uso de los inmuebles municipales. El concejal asegura que lleva meses recorriendo diferentes locales y que ya ha inspeccionado más de 15 espacios, con el objetivo de verificar su estado y utilización. Según sus declaraciones, la ley y los pliegos de adjudicación le otorgan esta competencia, y el servicio de Patrimonio, que él dirige, es el custodio de las llaves de estos locales.
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha solicitado un informe jurídico para esclarecer si la actuación de Badenas constituye un allanamiento ilegal, como sostiene el sindicato. La organización estudiantil, de perfil asambleario y anticapitalista, interpreta el acceso como un acto de persecución política, especialmente tras su implicación en la reciente huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria de la Comunidad Valenciana.
El caso ha despertado el interés de numerosos medios y ha reavivado el debate sobre el uso y control de los espacios municipales en Valencia. En el contexto de otras tensiones políticas recientes en la ciudad, como las fricciones internas en el PSOE por las primarias, recogidas en informaciones sobre la pugna política en Madrid y Valencia, la polémica por la actuación de Badenas añade un nuevo foco de conflicto en la gestión local.
El Sindicat d’Estudiants insiste en que la inspección debió realizarse con notificación y presencia de los responsables, y recalca que el procedimiento administrativo fue ignorado. Mientras tanto, el Ayuntamiento mantiene que el control de los locales municipales es una obligación legal y que la entrada se realizó con las llaves bajo custodia oficial. El desenlace de este enfrentamiento dependerá del informe jurídico solicitado por la alcaldesa y de las posibles acciones legales anunciadas por la organización estudiantil.
En España, la gestión de locales municipales cedidos a asociaciones y entidades suele estar regulada por convenios específicos que establecen derechos y obligaciones para ambas partes. Las inspecciones, aunque permitidas, suelen requerir notificación previa para garantizar la transparencia y el respeto a los ocupantes. Este tipo de conflictos no son inéditos en la política local, especialmente en contextos de alta polarización. La resolución de este caso podría sentar un precedente sobre los límites de la supervisión municipal y la protección de los derechos de las entidades usuarias de espacios públicos.
