Pedro Sánchez y su Gobierno encaran una semana clave tras el rechazo en el Congreso de los decretos de vivienda. El golpe ha dejado al Ejecutivo sin margen y ha encendido la presión interna para convocar elecciones cuanto antes. La mayoría de ministros y dirigentes del PSOE ya asume que el adelanto electoral es la única salida. Creen que la indignación social por el bloqueo parlamentario puede convertirse en una oportunidad para movilizar a la izquierda.
El Congreso tumbó los decretos el 2 de octubre de 2026. El primer decreto cayó por 178 votos contra 172. El segundo, por 184 contra 166. Así lo confirman la BBC y el Ministerio de Vivienda. La votación mostró la fractura parlamentaria y la dificultad del Gobierno para sacar adelante reformas clave en vivienda.
Casi medio millón de personas se manifestaron en Madrid tras la votación, exigiendo soluciones urgentes al problema de la vivienda.
Durante el fin de semana, Sánchez ha estado en contacto constante con su equipo, ministros, asesores y socios clave. Ha analizado todos los escenarios posibles. Según fuentes consultadas, ya tiene todo listo para comunicar su decisión este lunes. Aunque tiene previsto un discurso en el Congreso Nacional de la Empresa Familiar en Madrid, no se descarta que lo cancele para anunciar el adelanto electoral.
En La Moncloa hay malestar por la votación del viernes. El Ejecutivo no entiende cómo Junts, tras negociar el decreto y parecer de acuerdo, acabó votando en contra y tumbando la medida. También critican al PP, que antes apoyó escudos antidesahucios y ahora ni siquiera se abstuvo para dejar pasar una norma pensada para proteger a personas vulnerables como Maricarmen, afectada por la compra de viviendas por fondos de inversión y los desahucios. La ministra Isabel Rodríguez, desde el Ministerio de Vivienda, intentó salvar las medidas proponiendo su tramitación como proyecto de ley. Pero la oposición de Junts, PP y Vox fue decisiva.
El círculo más cercano de Sánchez ya no debate si adelantar o no las elecciones. Ahora se centra en cómo responder a la indignación social y en construir una propuesta electoral fuerte. Una de las opciones es aprobar de nuevo el decreto antidesahucios en un Consejo de Ministros antes de disolver las Cortes, o incluso después de anunciar la convocatoria electoral. El Ejecutivo mantiene plenas atribuciones hasta que se celebren los comicios.
El primer decreto rechazado incluía medidas para proteger a inquilinos vulnerables y suspender desahucios, así como acciones contra la especulación y para prorrogar contratos de alquiler. Tras su caída, el texto quedó sin efecto casi de inmediato.
Si el Gobierno opta por esta vía, la convalidación de los decretos pasaría a la Diputación Permanente. Allí necesita 35 votos para la mayoría absoluta. PSOE y Sumar suman 31. Bastaría con el apoyo de EH Bildu, ERC, Podemos y PNV, que ya respaldaron el primer decreto en el Congreso. En este órgano, el voto de Junts no cuenta, lo que facilitaría la aprobación de la medida más urgente. Sin embargo, el segundo decreto seguiría bloqueado por el PNV.
Otra opción es no convocar elecciones de inmediato y volver a intentar aprobar los decretos para dejar clara la posición de las derechas. Pero la relación con Junts está tan deteriorada que una nueva negociación parece imposible, sobre todo a pocos días de que Carles Puigdemont pueda beneficiarse de la amnistía y regresar a Cataluña.
El calendario institucional mete más presión. Este lunes el Rey inicia un viaje de Estado a Finlandia. Cualquier decisión sobre la convocatoria electoral debería comunicarse antes de su salida, incluso por teléfono si hace falta.
En cuanto se fije la fecha electoral, PSOE y Gobierno preparan una campaña centrada en la intervención en el mercado de la vivienda y la defensa de los servicios públicos frente a lo que ven como una ola privatizadora en las comunidades gobernadas por el PP. El objetivo es movilizar a un electorado progresista que hasta ahora estaba desmotivado.
La situación recuerda a otros momentos de máxima tensión política, como reportado antes, cuando el rechazo de Junts ya puso en jaque la agenda social del Gobierno. Ahora, la diferencia es que la mayoría del PSOE y del Ejecutivo ve el adelanto electoral no solo como inevitable, sino como una oportunidad para cambiar el pulso político en España.
El contexto político español en 2026 está marcado por la fragmentación parlamentaria y la dificultad para sacar adelante reformas clave. El uso de los decretos ley se ha vuelto habitual para sortear bloqueos, pero su rechazo en el Congreso muestra la fragilidad de las alianzas. La Diputación Permanente, un órgano poco conocido por el público, gana peso en estos escenarios de disolución de las Cortes, permitiendo al Gobierno aprobar medidas urgentes sin mayoría en el pleno. La vivienda sigue siendo uno de los temas más sensibles para la sociedad española, con precios al alza y una demanda de protección frente a los desahucios. El desenlace de esta crisis política puede marcar el rumbo de la legislatura y el futuro inmediato del PSOE, que se juega su capacidad de liderar una agenda social en un contexto de polarización y desgaste institucional.
La cobertura detallada de la votación y sus consecuencias está en el análisis de Catalan News.
