El Congreso vuelve a estar dividido tras la decisión de la Mesa de la Comisión de Educación de tramitar una enmienda de Sumar que busca asegurar el derecho a voto de los nacionalizados por la ley de nietos. PSOE y Sumar, que tienen mayoría en la Mesa, apoyaron la medida. Lo hicieron a pesar de las advertencias de los letrados y el rechazo total del PP, que ya ha anunciado que recurrirá la decisión.
La enmienda, presentada por Enrique Santiago, quiere blindar el voto de quienes obtuvieron la nacionalidad española gracias a la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática. El origen del conflicto fue la suspensión cautelar del Tribunal Supremo, que limitó el derecho de voto a los descendientes de exiliados de la Guerra Civil y la dictadura. Ahora se exige acreditar ese vínculo para mantener el derecho. Según medios españoles, la decisión del Supremo del 10 de septiembre de 2026 obligó a revisar la inscripción automática de estos nacionalizados en el censo electoral.
La Junta Electoral Central ha endurecido los requisitos para que los nuevos nacionalizados por la ley de nietos puedan ser incluidos en el censo y ejercer el voto, aunque la nacionalidad concedida no se revisa.
El choque no es solo político. También hay dudas legales. Los servicios jurídicos del Congreso emitieron un informe en el que tachan la enmienda de incongruente. Señalan que se presentó en una ley educativa sin relación con el contenido de la propuesta. Según los letrados, no hay conexión entre el objeto de la ley y la finalidad de la enmienda. Esto podría vulnerar el derecho constitucional de los diputados a participar en el proceso legislativo. El informe es crítico, pero no vinculante. Por eso la decisión final quedó en manos de la Mesa de la Comisión.
Vox también intentó frenar la tramitación. Registró un escrito en el que calificaba la enmienda de intrusa. Pero la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa permitió que el trámite siguiera adelante, pese a las advertencias legales y la oposición de Vox y PP. La polémica creció cuando se supo que el Partido Popular planea recurrir la admisión de la enmienda ante los órganos del Congreso. El PP sostiene que es una maniobra para cambiar derechos fundamentales usando una ley que no trata esa materia.
La polémica enmienda fue presentada en el marco de la reforma de la Ley de Educación de 2006, lo que ha generado dudas sobre su congruencia material y constitucionalidad, según los letrados del Congreso.
El PP ha sido especialmente duro. Acusa a PSOE y Sumar de ignorar el criterio de los letrados y de imponer su mayoría para sacar adelante lo que llaman una "chapuza legislativa". Desde Génova afirman que la aprobación de la enmienda confirma sus sospechas sobre la instrucción del Ministerio de Justicia, que habría ampliado los supuestos de nacionalización más allá de lo previsto en la Ley de Memoria Democrática. Según el PP, esto provocó un aumento notable de solicitudes de nacionalidad respecto a la anterior Ley de Memoria Histórica de 2007.
La tramitación de la enmienda sigue el proyecto de ley que modifica la Ley de Educación de 2006 y la Ley de Mejora de las Condiciones para el Desempeño de la Docencia. El siguiente paso será el debate en ponencia. Allí necesitará apoyos para ser incluida en el informe de la Comisión de Educación. Si no sale adelante en esa fase, Sumar podrá seguir defendiéndola en comisión o en el Pleno.
El informe de los letrados recuerda que, aunque el Reglamento del Congreso no limita el contenido de las enmiendas, la doctrina del Tribunal Constitucional exige que sean congruentes con el objeto de la iniciativa legislativa. Si no se respeta esa congruencia, podría vulnerarse el artículo 23 de la Constitución, que regula la participación parlamentaria.
El enfrentamiento por la ley de nietos se suma a otros episodios recientes de tensión institucional. Vox, por ejemplo, ya había señalado al Gobierno en otras ocasiones por su gestión de temas sensibles, como en el caso de las protestas por la vivienda, según informó espanol.news.
La polémica sobre la enmienda pirata muestra lo frágil que es el equilibrio parlamentario y cómo los partidos fuerzan los límites del reglamento cuando está en juego el control de derechos fundamentales. Que la Mesa haya dado luz verde a una propuesta cuestionada por los propios servicios jurídicos y rechazada por la oposición deja claro el nivel de división política en torno a la memoria histórica y la nacionalidad. En este contexto, la judicialización de la política y el uso estratégico de las mayorías parlamentarias se han convertido en herramientas habituales en el Congreso. Esto puede erosionar la confianza en los procedimientos legislativos y aumentar la sensación de arbitrariedad en decisiones clave para la ciudadanía.
Más detalles sobre la postura de los letrados y la evolución del trámite pueden leerse en La Vanguardia.
