Carles Puigdemont cambia de táctica y advierte sobre posibles costes económicos para España si se retrasa la aplicación de la ley de amnistía. El precedente europeo del caso Köbler refuerza la amenaza de indemnización.
Carles Puigdemont ha intensificado la presión sobre las instituciones españolas al advertir de un posible impacto económico si se sigue retrasando la aplicación total de la ley de amnistía para los implicados en el procés. El expresidente catalán, junto a su abogado Gonzalo Boye, ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea, señalando que la actitud del Tribunal de Cuentas y la lentitud del Tribunal Supremo podrían derivar en una reclamación de indemnización contra el Estado español.
La estrategia de Puigdemont se apoya en el precedente del caso Köbler, resuelto por la justicia europea, que estableció que un Estado miembro puede ser responsable de los daños causados a particulares por violaciones del Derecho comunitario atribuibles a su órgano jurisdiccional supremo. En el caso austríaco, el profesor universitario Gerhard Köbler reclamó una compensación por no habérsele reconocido un complemento salarial, y aunque no obtuvo indemnización directa, la sentencia sentó bases jurídicas que ahora se invocan en el contexto español.
En su escrito, Boye advierte que si el Tribunal Supremo mantiene la demora en la amnistía, España podría enfrentarse a una reclamación económica por daños y perjuicios. Puigdemont ha subrayado en redes sociales que la inacción judicial no solo afecta a su situación personal, sino que expone al país a sanciones y pérdidas económicas, recordando los casos de Hungría y Polonia, donde la Unión Europea retuvo fondos por incumplimientos del Estado de derecho.
El argumento central es que la demora en cerrar los procedimientos judiciales relacionados con el procés, especialmente los vinculados al uso de fondos públicos en el referéndum de 2017, puede interpretarse como una violación suficientemente caracterizada de normas europeas que protegen derechos individuales. Según la denuncia, esto abre la puerta a exigir indemnizaciones, en línea con los principios fijados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La Comisión Europea ha sido instada a intervenir para que España agilice la aplicación de la amnistía y evite posibles sanciones. El entorno de Puigdemont sostiene que los fundamentos jurídicos del caso Köbler “se adaptan como un guante” a la situación actual, reforzando la amenaza de consecuencias económicas si persiste la resistencia judicial.
Este movimiento se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre la gestión de fondos y la responsabilidad de altos cargos, como se ha visto en otros casos recientes que han generado debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas, por ejemplo en la investigación sobre el origen de joyas vinculadas a un expresidente, tema que también ha sido abordado en un reportaje sobre la presión judicial a Zapatero.
El caso Köbler, citado como referencia, marcó un hito en la jurisprudencia europea al establecer que los Estados miembros deben indemnizar a los particulares por daños derivados de decisiones judiciales que vulneren el Derecho comunitario. En el contexto español, la aplicación de este principio podría tener implicaciones relevantes para la gestión de la amnistía y la relación entre los tribunales nacionales y las instituciones europeas. La situación sigue abierta, y la respuesta de las autoridades españolas será clave para evitar un posible conflicto económico y jurídico a nivel europeo.
