El hallazgo de joyas valoradas en 1,3 millones en la oficina de Zapatero reabre el debate sobre ética y posibles delitos fiscales. El expresidente no ha explicado aún el origen ni el momento de la recepción.
El caso de las joyas encontradas en la caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero en la calle Ferraz ha generado una nueva tormenta política y judicial. El expresidente, imputado por presunto tráfico de influencias, sigue sin aclarar ante el juez ni ante la opinión pública el origen de las piezas, tasadas en 1,3 millones de euros, y solo ha declarado que se trató de un “regalo de cortesía”.
Durante su comparecencia en la Audiencia Nacional el 17 de junio, Zapatero solicitó más tiempo para justificar la procedencia de las joyas, pero ni entonces ni tras el plazo adicional ofreció detalles concretos. En una reciente entrevista en TVE, más de dos meses después del hallazgo, reiteró que explicará el asunto ante el juez y negó cualquier intención de enriquecimiento personal. Sin embargo, al no entregar las joyas a Patrimonio Nacional, estas pasaron a formar parte de su patrimonio privado, lo que plantea dudas sobre el cumplimiento del código ético aprobado por su propio Gobierno en 2005.
El valor real de las joyas ha sido motivo de controversia. Inicialmente, el portavoz oficioso de Zapatero, Luis Arroyo, estimó su valor entre 30.000 y 50.000 euros, pero tras el informe pericial que elevó la cifra a 1,3 millones, rectificó y pidió disculpas por el error. Zapatero ha anunciado que presentará un contrainforme pericial para discutir la tasación. Sobre el origen, el expresidente no ha querido identificar al donante ni el país de procedencia, aunque el exministro Miguel Sebastián sugirió que podrían provenir de Arabia Saudí, recordando que él mismo recibió joyas similares de ese país en 2008 y finalmente las entregó a Patrimonio Nacional.
El debate ético se intensifica porque el código de conducta de 2005, vigente durante el mandato de Zapatero, exigía rechazar regalos que excedieran la cortesía habitual y, en caso de obsequios institucionales de valor, incorporarlos al patrimonio del Estado. El propio Zapatero reconoció en TVE que la interpretación del código puede ser discutible, pero admitió que, revisando los hechos, podría haber actuado de otra manera.
En el plano penal, tres expertos consultados por EL PAÍS coinciden en que los posibles delitos fiscales estarían prescritos si el regalo se recibió en 2007, como sugirió Pedro Sánchez. El magistrado Joaquim Bosch señala que el avance de la investigación depende de que Zapatero o el juez logren acreditar documentalmente el origen y la fecha del obsequio. Si no se logra, la interpretación más favorable sería la prescripción. El catedrático Manuel Cancio añade que, aunque se probara la omisión de la declaración fiscal, el delito ya no sería perseguible por el tiempo transcurrido. José María Mollinedo, de Gestha, recuerda que la prescripción para delitos fiscales es de cinco años, o diez si el fraude supera los 600.000 euros, y que el valor relevante sería el de la recepción, no el actual.
El contexto político añade presión al PSOE, que en ocasiones ha presentado a Zapatero como referente moral. El presidente Sánchez, en declaraciones en Bruselas, subrayó que la regulación sobre regalos a altos cargos ha cambiado desde 2007, aunque el código ético ya estaba en vigor entonces. La situación recuerda a otros casos recientes donde la falta de transparencia y las contradicciones han marcado investigaciones sobre figuras públicas, como ocurrió con la citación de Jésica Rodríguez y Joseba García en el caso Ineco, quienes evitaron declarar ante el juez, según se detalla en una cobertura anterior de espanol.news.
En España, la gestión de regalos institucionales está regulada por la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que obliga a incorporar al patrimonio estatal los obsequios de relevancia recibidos por altos cargos. La Comunidad de Madrid, donde reside Zapatero, solo exige declaración de patrimonio a partir de dos millones de euros. El caso pone de relieve la importancia de la transparencia y el cumplimiento de las normas éticas en la vida pública, especialmente cuando se trata de figuras que han ocupado las más altas responsabilidades del Estado.
