La factura electrónica será obligatoria: plazos para empresas y autónomos. El Gobierno español ha fijado las fechas para la implantación obligatoria de la factura electrónica. Las grandes empresas deberán adoptar el sistema en 2027, mientras que las pequeñas empresas y los autónomos lo harán a partir de 2028. Las nuevas normas afectarán a todos los que trabajen con otras empresas.
En España se han definido los plazos concretos para la adopción obligatoria de la factura electrónica en los negocios. El Ministerio de Hacienda ha publicado el proyecto de orden que establece las nuevas normas para empresas, profesionales, pymes y autónomos que realicen operaciones con otras organizaciones. Esta medida se convertirá en uno de los cambios más relevantes en la gestión documental empresarial de los últimos años.
Según el proyecto, el estándar técnico necesario para poner en marcha el sistema entrará en vigor el 1 de octubre de 2026. A partir de esa fecha comenzará el periodo transitorio: las grandes empresas con una facturación anual superior a 8 millones de euros dispondrán de un año para adaptarse, mientras que el resto contará con dos años. Así, para las grandes compañías la obligación empezará el 1 de octubre de 2027, y para las pequeñas empresas y autónomos, el 1 de octubre de 2028.
A quién afectará la transición
La obligación de la factura electrónica afectará a todos los empresarios y profesionales si su contraparte también es una empresa o un profesional con presencia permanente o registrado en España. Quedan exceptuadas las operaciones formalizadas mediante facturas simplificadas, salvo ciertos casos contemplados en la normativa. Esto significa que la gran mayoría de las transacciones comerciales entre empresas y autónomos pasarán al formato digital.
Para las grandes empresas cuyo volumen de negocios supere el umbral establecido, la transición a la factura electrónica será obligatoria un año después de la entrada en vigor de los requisitos técnicos. El resto de los participantes del mercado dispondrá de un año adicional para prepararse. Con este enfoque, según el Ministerio de Hacienda, se busca garantizar una transición más gradual y reducir la carga sobre las pequeñas empresas.
El nuevo sistema y sus capacidades
Una parte clave de la reforma será la implementación de una plataforma pública para trabajar con facturas electrónicas, que será administrada por la Agencia Tributaria. A través de este sistema se podrán emitir y recibir facturas, así como rastrear su estado e integrar su uso con plataformas privadas. El acceso a la plataforma estatal será gratuito y el sistema debe estar disponible al menos dos meses antes de que entren en vigor las nuevas normas.
Para empresarios y profesionales se prevé una aplicación gratuita o un formulario en línea, con los que podrán crear facturas electrónicas y hacer seguimiento a sus pagos. Esta solución está diseñada para facilitar la transición a quienes no usan programas contables especializados.
Control de pagos y nuevos requisitos
Una de las principales innovaciones será la obligación de los receptores de facturas electrónicas de informar sobre el pago total o parcial, así como sobre un posible rechazo del pago, a través de una plataforma pública. La información sobre la fecha de pago efectivo deberá comunicarse en un plazo de cuatro días naturales, excluyendo fines de semana y festivos. Este mecanismo permitirá aumentar la transparencia en los pagos entre empresas y reducir los riesgos de retrasos.
El proyecto de orden aún se encuentra en fase de debate. Desde el 17 de abril de 2026, el Ministerio de Hacienda ha abierto el periodo para la presentación de observaciones y propuestas, que finalizará el 8 de mayo. Los plazos definitivos para la entrada en vigor de las nuevas normas dependerán de la aprobación final del documento.
El paso a la factura electrónica no es el único cambio en el ámbito financiero que espera a las empresas españolas en los próximos años. Por ejemplo, recientemente se discutió una iniciativa para almacenar efectivo en caso de fallos en los sistemas de pago, sobre lo cual se informó detalladamente en el artículo sobre las recomendaciones del Banco de España para la creación de una reserva de efectivo para situaciones de emergencia. Todas estas medidas reflejan la voluntad del Estado de aumentar la resiliencia y transparencia de los procesos financieros.
