Más de mil personas han podido volver a sus casas en Zaragoza y Navarra tras cinco días fuera. El incendio ha destruido 14.400 hectáreas y afectado servicios básicos. El regreso es escalonado y bajo vigilancia.
El regreso a casa se ha hecho realidad este lunes para más de un millar de vecinos de las Cinco Villas zaragozanas y un municipio navarro, tras cinco días de evacuación forzosa por el incendio de Orés. El fuego, que se desató el miércoles y mantuvo en vilo a seis pueblos, ha arrasado 14.400 hectáreas y afectado un perímetro de casi 80 kilómetros, según las autoridades aragonesas. La estabilización del incendio, confirmada el domingo por la tarde, ha permitido que los primeros residentes de Luesia, Uncastillo y Malpica de Arba puedan regresar, mientras que los de Asín y Orés han debido esperar a la revisión de la carretera interior dañada por las llamas.
La coordinación del retorno recae en los servicios sociales comarcales y la Cruz Roja, con especial atención a los mayores trasladados a Zaragoza desde cuatro residencias. Su vuelta dependerá de la evaluación médica y del estado de los centros, ya que en Asín el fuego alcanzó el casco urbano y dañó diez viviendas. El componente emocional es evidente: familias como la de María Luisa, que recibió la alerta en su móvil y tuvo que salir con sus hijos pequeños, relatan la angustia vivida durante la evacuación. Otros, como Antonio de Orés, reconocen la dificultad de abandonar su hogar, aunque la Guardia Civil lo consideró imprescindible para garantizar la seguridad.
El operativo de retorno incluye apoyo psicológico y social, con profesionales como Elisa Causín encargados de detectar necesidades inmediatas y a medio plazo. El alcalde de Orés, Paco Auría, advierte de la preocupación por el futuro del municipio, donde la economía agrícola y la caza se ven amenazadas por la devastación del entorno. Reclama reflexión y medidas eficaces para evitar que incidentes como una chispa de cosechadora obliguen a desalojar pueblos enteros. En la misma línea, la alcaldesa de Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero, subraya la necesidad de repensar el modelo territorial para prevenir incendios de esta magnitud.
La vuelta a la normalidad es desigual. En Uncastillo, la preocupación inmediata es la reposición de la electricidad y la conservación de alimentos en el albergue local, mientras que los agricultores, tras días de trabajo en la extinción, respiran con alivio. Tractores y maquinaria agrícola han sido clave para crear cortafuegos y proteger los núcleos urbanos. La solidaridad también se ha hecho notar: vecinos como Ana Cristina Diez han ofrecido refugio a animales desplazados, acogiendo caballos y perros afectados por la emergencia.
El impacto emocional del incendio es profundo, especialmente entre los adolescentes, según el grupo de intervención psicológica de emergencias de Aragón. La pérdida del entorno natural y el desarraigo temporal han dejado huella en los jóvenes, que han recibido apoyo en los centros de acogida habilitados durante la evacuación. El Gobierno de Aragón mantiene restricciones de acceso: solo pueden entrar los desalojados, servicios de emergencia y empresas de suministros esenciales. Se pide a los vecinos que permanezcan en sus localidades mientras continúan los trabajos de seguridad en la zona.
Este episodio se suma a otros recientes en España, donde los incendios han obligado a desalojar núcleos urbanos y han puesto a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades. Casos como el de Bédar, en Almería, donde un incendio dejó 12 fallecidos y un pueblo casi vacío, muestran la gravedad de estos sucesos y la necesidad de reforzar la prevención y la gestión de emergencias. Más detalles sobre el impacto en Bédar pueden consultarse en este reportaje sobre la situación tras el incendio en Almería.
En España, los incendios forestales afectan cada año a miles de hectáreas, especialmente en verano, cuando las olas de calor y la sequía agravan el riesgo. Aragón es una de las comunidades más expuestas, con una superficie forestal extensa y numerosos municipios rurales. La coordinación entre administraciones, la implicación de los vecinos y la adaptación de infraestructuras son factores clave para reducir el impacto de estos episodios. El caso de Orés pone de relieve la vulnerabilidad de las zonas rurales ante emergencias y la importancia de contar con planes de evacuación y apoyo social efectivos.
