El president Illa pide al PP que retire sus recursos ante el Constitucional contra la amnistía. Elude responder sobre los escándalos del PSOE y se compromete a buscar soluciones para la AP-7.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamado este miércoles al Partido Popular que retire los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional contra la ley de amnistía. Durante la sesión de control en el Parlament, Illa ha dirigido su petición directamente al portavoz popular, Juan Fernández, subrayando que si el PP realmente quiere “pasar página” del procés, debe empezar por retirar esos recursos. Además, ha instado a los populares a reconocer el catalán como lengua propia de Cataluña, restando dramatismo a su uso en el debate político.
La intervención de Illa se ha producido en un contexto de tensión política, marcado por las críticas de Junts y del propio PP sobre los recientes escándalos de corrupción que afectan al PSOE. El president ha evitado responder de forma directa a las preguntas sobre si sigue respaldando a Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero, desviando el foco hacia la gestión de la corrupción en el seno del PP y cuestionando la actitud de los populares ante el proceso electoral y la ley de nietos.
El debate en el Parlament ha coincidido con la primera sesión de control tras la condena a 24 años de prisión para José Luís Ábalos, exministro y exsecretario general del PSOE. Mònica Sales, presidenta del grupo de Junts, ha reprochado a Illa que rechace comparecer en el Pleno para explicar su papel en la trama que salió a la luz cuando él era ministro. Illa ha defendido que ya ha dado explicaciones en el Senado, el Congreso y el propio Parlament, asegurando que no teme a la verdad, aunque Sales ha insistido en que sus respuestas son insuficientes.
En paralelo, el Parlament se prepara para aprobar los primeros presupuestos del mandato de Illa, que consolidan la alianza entre el Govern, ERC y Comuns. Sin embargo, tanto ERC como Comuns han aprovechado la sesión para marcar distancias. Josep Maria Jové, de ERC, ha advertido que con las nuevas cuentas ya no habrá excusas para no cumplir los compromisos adquiridos, exigiendo avances concretos en seguridad y financiación autonómica. Por su parte, Jéssica Albiach, presidenta del grupo de Comuns, ha puesto el foco en la situación de la AP-7, la autovía con mayor siniestralidad de España tras la eliminación de los peajes. Albiach ha propuesto limitar la circulación de camiones en determinados tramos y ha pedido a Illa que estudie soluciones urgentes.
Illa, visiblemente incómodo, ha reconocido la gravedad del problema en la AP-7 y ha mostrado disposición a analizar la propuesta de Comuns, aunque ha recordado que la responsabilidad también recae en quienes se opusieron a la construcción de nuevas infraestructuras como la B-40. El president ha insistido en la necesidad de reforzar Rodalies y avanzar en el corredor Mediterráneo para mejorar la movilidad y la seguridad vial.
El PSC ha renunciado a su turno de preguntas para facilitar que Illa viaje a Madrid, donde participará en una reunión sobre la gigafactoría de Móra la Nova (Tarragona). Este movimiento se produce en un momento en que la política catalana sigue marcada por la pugna entre partidos y la gestión de los grandes temas de infraestructuras y financiación. La situación recuerda a otros episodios recientes de bloqueo y tensión parlamentaria, como el que se vivió cuando Junts endureció su postura en el Congreso, dificultando la aprobación de reformas clave, tal como se analizó en un reportaje anterior sobre la pérdida de apoyos del Gobierno en Madrid.
En el contexto actual, la ley de amnistía y la gestión de la AP-7 se han convertido en dos de los principales focos de debate en Cataluña. La aprobación de los presupuestos y la presión de los socios de gobierno obligan a Illa a buscar equilibrios internos y a responder a las demandas de transparencia y eficacia. La situación de la AP-7, con un aumento de accidentes y retenciones tras la supresión de peajes, ha reabierto el debate sobre la planificación de infraestructuras y la seguridad vial en la región. Además, la discusión sobre la financiación autonómica y la vigilancia de los aeropuertos por parte de los Mossos d'Esquadra sigue pendiente de resolución, mientras el Govern intenta mantener la cohesión entre sus socios y responder a las críticas de la oposición.
