Junts endurece su postura en el Congreso y frena reformas esenciales. El Gobierno pierde votaciones clave y la legislatura se tambalea. La incertidumbre política afecta a leyes y medidas pendientes.
El Congreso afronta una de sus etapas más inciertas tras el giro de Junts, que ha intensificado el bloqueo parlamentario y ha dejado al Gobierno sin apoyos estables para sacar adelante sus principales iniciativas. En la última sesión antes del receso, los diputados de Carles Puigdemont se alinearon con PP y Vox para exigir la dimisión de Pedro Sánchez y tumbar un decreto ley con inversiones en infraestructuras, incluidas partidas para Cataluña. Esta decisión supuso el quinto decreto rechazado desde enero, todos ellos por la negativa de Junts junto a la derecha, según los datos publicados por el propio Congreso.
La falta de respaldo de Junts ha provocado que casi una de cada cuatro votaciones en el último periodo de sesiones haya terminado en derrota para el Ejecutivo. Entre las reformas bloqueadas destacan la ley de Enjuiciamiento Criminal y la de acceso a la carrera judicial, ambas impulsadas por el ministro Félix Bolaños y paralizadas por el veto de los independentistas. Otras iniciativas, como la ampliación de permisos por nacimiento, la lucha contra los bulos en medios y redes, la obligatoriedad de debates electorales o la protección de la sanidad pública, llevan meses o incluso años atascadas en el Parlamento.
Desde enero, la principal producción legislativa del Gobierno se ha limitado a la convalidación de 12 decretos, mientras que solo una ley de origen gubernamental —la de Economía Social— ha sido aprobada de forma definitiva. Otras normas han salido adelante tras arduas negociaciones, como la ley del cine, o gracias a propuestas de otros grupos, entre ellas la que endurece las penas por multirreincidencia (de Junts) y la transferencia de la autopista AP-9 (del Parlamento gallego). La reciente entrada en vigor de la ley de amnistía, tras un largo y costoso proceso político, no ha servido para consolidar alianzas: Junts insiste en que no pertenece a ningún bloque y mantiene su independencia en cada votación.
La imprevisibilidad de Junts complica la estrategia tanto del Gobierno como de la oposición. Sus decisiones se toman a menudo en el último momento y no se comunican con antelación, lo que impide cualquier negociación sólida. El grupo catalán utiliza su posición como una partida de dominó, reservándose el impacto de sus votos hasta el instante crítico. Ahora, la atención de Junts está puesta en la decisión que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tomará el 16 de julio sobre la ley de amnistía, un fallo que podría influir en el futuro político de Carles Puigdemont y en la estabilidad del Ejecutivo.
En las últimas semanas, Junts ha alternado el apoyo a mociones del PP con el respaldo a leyes progresistas, como la que penaliza las terapias de conversión sexual o el traspaso de la autopista gallega. Sus portavoces recalcan que, aunque coincidan en el voto con la derecha, sus motivos son distintos y no buscan reeditar pactos previos. El recuerdo de las amenazas de Vox durante la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo sigue presente en Junts, que ahora acusa al PSOE de no cumplir los compromisos adquiridos y da por agotada la legislatura.
La sensación de parálisis se extiende entre los grupos parlamentarios, salvo el PSOE y, con matices, Sumar. Este último reclama al Gobierno que reactive reformas pendientes como la regulación del registro horario, la ley de alquileres de temporada o la reforma de la ley mordaza, aunque reconoce avances en la eliminación de delitos como las injurias a la Corona y en la nueva ley de Dependencia. Para julio se prevén dos plenos extraordinarios destinados a convalidar decretos y avanzar en leyes clave, entre ellas la de menores en entornos digitales y la del cine, tras el acuerdo alcanzado con Junts.
En contexto, el actual escenario parlamentario refleja la fragmentación política y la dificultad para alcanzar consensos duraderos. El sistema de decretos ley se ha convertido en la vía principal para legislar, ante la imposibilidad de aprobar reformas estructurales. La ley de amnistía, que marcó un hito en la legislatura, no ha garantizado la estabilidad buscada. El papel de Junts, decisivo pero volátil, mantiene en vilo tanto al Gobierno como a la oposición, mientras reformas clave para la justicia, la sanidad y los derechos sociales siguen sin avanzar. La incertidumbre sobre el futuro político de Cataluña y la posible vuelta de Puigdemont añade presión a un Congreso donde cada votación puede cambiar el rumbo de la legislatura.
