El Gobierno de Pedro Sánchez encara el momento más tenso de la legislatura tras el rechazo en el Congreso a los decretos de vivienda. Esta derrota ha puesto en marcha la maquinaria para un adelanto electoral. La presión social por la vivienda nunca había sido tan fuerte. Más de 50 ciudades han visto protestas y el ambiente político está marcado por la urgencia y la tensión dentro del PSOE.
La caída de los decretos llegó por los votos de PP, Vox y Junts. El Ejecutivo se ha quedado sin margen para negociar y ha tenido que acelerar los plazos. En Moncloa no hubo reuniones de emergencia. Sánchez prefirió consultas discretas con su círculo más cercano: ministros, barones socialistas y asesores de máxima confianza. Solo cuatro personas conocen la decisión final. El secreto es total.
El primer decreto fue rechazado por 178 votos contra 172 y el segundo por 184 contra 166, según los datos oficiales del Congreso.
El presidente ya pensaba en un adelanto técnico para febrero o marzo si los Presupuestos Generales del Estado de 2027 no salían adelante. Pero la derrota en el Congreso y la “traición” de Junts han convencido a la mayoría de los socialistas de que no tiene sentido alargar el desgaste. La crisis migratoria en Ceuta, que podía haber dado algo de tiempo, tampoco ha servido de freno.
Ahora el Ejecutivo busca otra vía para salvar los decretos de vivienda. Plantea aprobarlos de nuevo en el Consejo de Ministros y buscar su convalidación en la Diputación Permanente. En ese órgano, los votos de Junts no harían falta. El bloque de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos sumaría uno más que la oposición. Así las medidas entrarían en vigor y se evitarían desahucios durante la campaña electoral.
Las medidas rechazadas incluían la prórroga automática de contratos de alquiler, límites a los desahucios de inquilinos vulnerables y la regulación de alquileres turísticos y de habitaciones. Junts había solicitado previamente al Gobierno que reescribiera el texto antes de someterlo a votación.
La estrategia del PSOE es clara: aprovechar la indignación social y señalar a PP y Vox como responsables directos del bloqueo. El Gobierno espera que la movilización ciudadana aguante al menos hasta la fecha más temprana posible para las elecciones, el 29 de noviembre. Pero existe el riesgo de que el impulso se apague con el paso de los días.
El contexto ha cambiado respecto a 2023. Ocho años de gobierno, varios casos de corrupción, la crisis de Ceuta sin resolver y el avance de la ultraderecha han movido el tablero. La presión de la oposición y de parte del propio PSOE para que Sánchez convoque elecciones es ahora enorme. El presidente, según quienes le rodean, prefiere decidir solo y apurar hasta el último segundo antes de lanzar el “triple” que puede marcar su futuro político.
En el PSOE usan el baloncesto para explicar el momento: Sánchez está en el último cuarto, con la bola en la mano y la grada rugiendo. El adelanto electoral parece la única jugada para evitar más desgaste y tratar de movilizar a la izquierda en torno a la vivienda. El resultado, sin embargo, sigue abierto.
El debate entre la urgencia electoral y la opción de una última prórroga divide al entorno del presidente. Algunos le piden agotar la legislatura. La mayoría apuesta por adelantar ya, convencidos de que la sociedad “se calienta rápido y se enfría igual de rápido”. Esta idea ha pesado en las llamadas que Sánchez ha hecho durante el fin de semana.
Intentar convalidar los decretos en la Diputación Permanente permitiría al PSOE ir a campaña con las medidas en vigor y reforzar su relato frente a la “coalición insensible” de PP y Vox. Pero la duda sobre si la movilización social aguantará y el desgaste acumulado del Gobierno añaden incertidumbre.
Según información previa, Junts había dejado abierta la puerta a negociar tras el bloqueo. Sin embargo, la desconfianza en la estabilidad de los apoyos ha llevado al Ejecutivo a buscar alternativas más rápidas y seguras.
La situación muestra la fragilidad de las mayorías parlamentarias y lo volátil que es el clima social en España. El adelanto electoral aparece como respuesta directa a la imposibilidad de sacar adelante medidas clave en vivienda, un tema que ha sacado a miles de personas a la calle y que sigue marcando la agenda política. La decisión de Sánchez, tomada en soledad y compartida solo con su círculo más estrecho, deja claro hasta qué punto la política española se mueve hoy entre la urgencia y la presión social. El desenlace de este pulso marcará no solo el futuro inmediato del Gobierno, sino también la capacidad de las instituciones para responder a las demandas más urgentes de la sociedad.
El rechazo de los decretos y la reacción política han sido cubiertos por medios como Agencia EFE y El País. La opción de reactivar las medidas a través de la Diputación Permanente aparece en el análisis de Euronews.
