Pedro Sánchez llega al Congreso en un momento complicado. Un informe policial enviado a la Audiencia Nacional señala la implicación de Marruecos en la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, lo que contradice la versión oficial del Gobierno y deja a Sánchez sin apoyos claros, ni dentro ni fuera del Ejecutivo. Según fuentes del Ministerio del Interior, el informe fue elaborado por el centro CENIF a petición de la jueza María Tardón, que investiga los hechos ocurridos a finales de julio.
La presión no viene solo de la oposición. Sumar, socio de coalición, pide que se reconozca la responsabilidad de Marruecos, ya sea por acción u omisión. Izquierda Unida va más allá y califica la participación marroquí de "evidente" y "criminal", reclamando una respuesta diplomática firme. Incluso partidos habitualmente más cercanos al Gobierno, como ERC y EHBildu, acusan al Ejecutivo de hacer el "ridículo" y de "tomadura de pelo" por defender a Rabat, cuando consideran que el papel de Marruecos es el "elefante en la habitación".
En los días 30 y 31 de julio, según distintas fuentes, entre 72.000 y 80.000 personas cruzaron la frontera de Ceuta, aunque los datos exactos varían según los informes disponibles.
El informe policial, que contradice la línea oficial de Moncloa, ha aumentado el malestar en el Congreso. La mayoría de los grupos parlamentarios considera insuficiente la reacción del Ejecutivo ante la crisis migratoria y rechaza la exculpación rápida de Rabat. El PNV advierte que la tolerancia con Marruecos tiene límites, mientras Junts y Podemos sugieren que el Gobierno actúa condicionado por información sensible que Rabat podría tener sobre España. Según el director de la Policía, Francisco Pardo, no existe un informe que acuse directamente a Marruecos de planificar o ejecutar la crisis, sino que el documento recoge que agentes marroquíes habrían acompañado y dirigido a los migrantes hacia la frontera, una interpretación que Interior rechaza.
La oposición, encabezada por PP y Vox, aprovecha la fractura interna del Gobierno para exigir explicaciones y criticar la gestión de Sánchez. Reclaman transparencia, datos concretos y una reacción clara. La derecha pide la expulsión de los inmigrantes, mientras la izquierda reclama su traslado a la península. El presidente se enfrenta así a reproches desde todos los frentes, sin margen para evitar el debate. Según medios de referencia, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó que conoció el informe solo después de su envío al juzgado y pidió explicaciones al director de la Policía.
El ambiente político se ha tensado aún más tras la publicación del informe policial, que refuerza la percepción de que el Gobierno ha intentado proteger a Marruecos. La rapidez con la que Moncloa cerró filas en torno a Rabat genera sospechas incluso entre sus propios aliados. La gestión de la crisis, sumada a las críticas por las vacaciones de Sánchez en pleno conflicto, ha dejado al Ejecutivo en una posición de debilidad.
El proceso judicial sobre los hechos de Ceuta está en manos de la jueza María Tardón, quien autorizó que la cúpula policial accediera al informe en el marco de la investigación preliminar. Marruecos, por su parte, ha rechazado oficialmente cualquier acusación de haber organizado o facilitado la migración masiva.
En este contexto, la exigencia de explicaciones concretas y la demanda de transparencia marcan el pleno. La mayoría parlamentaria no solo cuestiona la versión oficial, sino que exige un cambio en la política migratoria y en la relación con Marruecos. El caso recuerda, como ha informado la prensa, que la tensión política en España sigue creciendo y amenaza con marcar toda la legislatura.
La crisis de Ceuta deja al descubierto la fragilidad del Gobierno y la dificultad de sostener una versión que ya no convence ni a sus propios socios. La falta de consenso interno y la presión de la oposición obligan a Sánchez a elegir entre mantener una postura insostenible o asumir el coste político de rectificar. En un Congreso donde la desconfianza es la norma y la paciencia escasea, la gestión de la frontera sur se convierte en el termómetro de la credibilidad del Ejecutivo. Tras este episodio, la política migratoria y la relación con Marruecos ya no pueden resolverse con gestos simbólicos: la exigencia de hechos y responsabilidades es ahora ineludible.
