La tensión ha crecido en la Policía Nacional después de que varios mandos se negaran a firmar un informe que, según los sindicatos, pretendía exculpar a Marruecos y negar la existencia de avisos previos sobre la entrada masiva en Ceuta. La presión para modificar estos documentos ha provocado una reacción inmediata de los principales sindicatos policiales, que piden explicaciones directas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y Jupol consideran "de extrema gravedad" que altos cargos intentaran orientar los informes policiales para favorecer la versión del Gobierno. Según ABC, los comisarios de Extranjería y su responsable, Julián Ávila, se negaron a firmar el documento tras reunirse con Javier Susín, jefe de Información, el DAO José Luis Santafé y el director general Francisco Pardo Piqueras.
Según Reuters, el informe policial presentado ante la Audiencia Nacional describía la entrada masiva en Ceuta los días 30 y 31 de julio como un acto planificado y coordinado, con posible implicación de fuerzas de seguridad marroquíes.
Los sindicatos insisten en que los informes policiales deben responder solo a criterios técnicos y profesionales, sin interferencias políticas. Advierten que cualquier intento de condicionar el trabajo de los agentes pone en riesgo la neutralidad de la institución. "La Policía Nacional no está para fabricar relatos que encajen con la versión de ningún Gobierno", subrayan en sus comunicados.
El SUP exige saber quién encargó el informe, quién fijó sus conclusiones y por qué los mandos se negaron a firmarlo. También piden transparencia sobre qué documento se remitió finalmente al Ministerio del Interior. La polémica crece porque, según los sindicatos, primero se cuestionó el informe elaborado por especialistas a petición de la Audiencia Nacional, después un ministro ridiculizó públicamente ese trabajo y ahora se conoce la negativa de varios mandos a avalar otro documento.
El problema de fondo es la posible utilización de la Policía Nacional para respaldar una versión política de los hechos ocurridos en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Los sindicatos advierten que, si se confirman las presiones, debería exigirse la dimisión de los responsables implicados por falta de neutralidad política. La investigación de la Audiencia Nacional sigue abierta y los agentes insisten en la necesidad de rigor e independencia en todas las diligencias.
El conflicto escaló a nivel nacional después de que, según Reuters y Euronews, el propio presidente Pedro Sánchez declarara públicamente que no existen pruebas de que Marruecos organizara el cruce masivo, mientras que el director de la Policía Nacional, Francisco Pardo, aseguró que no hay ningún informe oficial que acuse a las fuerzas marroquíes. La controversia se intensificó tras la filtración del informe y la presión de sindicatos y partidos de la oposición para que el Ministerio del Interior aclare el origen y contenido de los documentos.
Este episodio se suma a la presión sobre el Gobierno tras la crisis migratoria en Ceuta, donde la gestión de los avisos y la responsabilidad de Marruecos han sido objeto de debate parlamentario. Como se informó anteriormente, Pedro Sánchez quedó aislado en el Congreso tras la publicación del informe policial que apuntaba a la implicación de Marruecos, lo que obligó al Ejecutivo a dar explicaciones urgentes.
La controversia sobre la independencia de la Policía Nacional no es nueva, pero la presión sindical y la negativa de los mandos a firmar informes bajo directrices políticas marcan un punto de inflexión. En España, la separación entre la labor policial y los intereses del Gobierno es un principio básico para la confianza pública. Si se confirma que se intentó manipular documentos oficiales para proteger intereses diplomáticos, el daño institucional será difícil de reparar. La exigencia de transparencia y responsabilidad política ya no es solo una demanda sindical, sino una cuestión de credibilidad para el propio Estado.
