Las principales organizaciones policiales denuncian como infundadas y dañinas las palabras del juez Peinado, que sugirió que la escolta de Begoña Gómez podría facilitar su huida. El conflicto eleva la tensión entre la judicatura y los cuerpos de seguridad.
Las declaraciones del juez Juan Carlos Peinado, que en su auto sobre Begoña Gómez planteó la posibilidad de que los policías encargados de su protección pudieran ayudarla a abandonar el país, han generado una reacción inmediata y contundente de los principales sindicatos policiales. La afirmación, incluida como argumento para prohibir la salida de España a la esposa del presidente Pedro Sánchez y retirarle el pasaporte, ha sido calificada de injustificada y ofensiva por las organizaciones representativas de los agentes.
Justicia Policial (Jupol), el sindicato mayoritario y crítico con el Gobierno, fue el primero en pronunciarse. En un comunicado, sin mencionar directamente al magistrado, tachó de "barbaridad" la insinuación de que los escoltas pudieran colaborar en una fuga. Jupol defendió que los agentes asignados a la protección de autoridades cumplen su labor con profesionalidad, neutralidad y respeto estricto a la ley y a las resoluciones judiciales. Para el sindicato, poner en duda su actuación supone un descrédito injustificado hacia servidores públicos ejemplares y exige una rectificación inmediata.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) también expresó su rechazo frontal a cualquier insinuación sobre la integridad o la legalidad de los policías nacionales que prestan servicio en unidades de protección. El SUP subrayó que los agentes no actúan fuera de la ley ni están obligados a cumplir órdenes ilegales, recordando que el marco jurídico español es claro y exige a todo funcionario público actuar siempre dentro de la legalidad. La organización considera especialmente preocupante que se formulen hipótesis que sugieran la colaboración de policías en acciones contrarias a la justicia.
Por su parte, la Unión Federal de Policía (UFP) criticó duramente al juez Peinado por lo que considera una imputación infundada de delito a quienes precisamente se dedican a la prevención delictiva. Según la UFP, la resolución del magistrado supone un señalamiento injusto a todo un colectivo y deteriora su imagen ante la opinión pública. El sindicato insiste en que la sospecha carece de fundamento y recuerda que la función de un juez es juzgar hechos, no atribuir delitos a personas que no conoce.
El origen de la polémica está en el auto dictado por Peinado, donde argumenta que los agentes encargados de la seguridad de Gómez podrían, en un momento dado, facilitar su huida, ya sea por iniciativa propia o siguiendo órdenes superiores. Esta hipótesis fue utilizada para justificar la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del país. La defensa de Begoña Gómez, en cambio, había alegado que la presencia constante de escoltas precisamente impedía cualquier intento de fuga.
El caso de Begoña Gómez ha estado en el centro de la atención mediática y judicial en los últimos meses. En una resolución anterior, el juez ya había impuesto restricciones a la esposa del presidente, como la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado, medidas que fueron detalladas en una cobertura previa sobre las restricciones judiciales a Gómez.
En España, los agentes de escolta de autoridades están sujetos a estrictos protocolos y controles internos. Su labor se rige por la normativa de la Policía Nacional y la legislación vigente, que establece obligaciones claras de neutralidad y sometimiento a la ley. Las acusaciones o sospechas sobre su actuación suelen generar una respuesta corporativa inmediata, como ha ocurrido en este caso, donde la defensa de la profesionalidad y la reputación del colectivo ha sido unánime entre los sindicatos.
