El Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears ha denegado la incapacidad permanente a un agente de viajes de 54 años diagnosticado de fibromialgia. La sentencia, fechada en mayo y difundida en septiembre, confirma la negativa inicial y remite al trabajador a las bajas médicas temporales durante los brotes más intensos de la enfermedad.
El proceso comenzó tras la valoración desfavorable del Equipo de Valoración de Incapacidades, que en abril de 2024 concluyó que las lesiones del demandante no reducían lo suficiente su capacidad laboral como para justificar la prestación. El Juzgado de lo Social de Menorca respaldó este criterio, señalando que el análisis debía centrarse en el impacto real sobre su trabajo habitual y no únicamente en el diagnóstico médico.
En septiembre de 2026, otro tribunal español reconoció una pensión de 898,81 euros mensuales a una mujer con fibromialgia severa, demostrando que el resultado depende de la gravedad y persistencia de las limitaciones laborales.
El trabajador, además de fibromialgia, sufre poliartralgias y alegaba que sus dolencias habían perjudicado gravemente su trayectoria profesional. Defendía la necesidad de tratamiento sintomático y paliativo para una enfermedad crónica de intensidad variable, y fundamentaba su petición en las consecuencias laborales derivadas de su cuadro clínico. Tras la primera denegación, recurrió ante la Sala de lo Social del TSJ, que ahora ratifica la decisión.
El criterio del tribunal
La Sala no cuestiona la existencia de la fibromialgia, pero sí los efectos incapacitantes que considera acreditados. Según la información difundida, el tribunal entiende que los episodios más graves pueden ser cubiertos mediante periodos de incapacidad temporal, sin que exista una limitación permanente que justifique la pensión solicitada. Esta postura se refiere exclusivamente a la situación concreta del demandante y no supone una exclusión general para quienes padecen esta enfermedad.
La fibromialgia, según el NIAMS estadounidense, es un trastorno crónico que puede provocar dolor generalizado, fatiga y problemas de sueño, sin cura definitiva. Sin embargo, el tribunal distingue entre el carácter crónico de la enfermedad y la existencia de una limitación laboral permanente, que la ley exige para conceder la incapacidad.
La legislación española, según el artículo 193 de la Ley General de la Seguridad Social, exige que la incapacidad permanente esté respaldada por limitaciones graves, objetivables y previsiblemente definitivas, no solo por el diagnóstico de una enfermedad. Los tribunales valoran cada caso de forma individual, atendiendo a los informes médicos y al impacto funcional en la profesión habitual.
Requisitos legales y procedimiento
El artículo 193 de la Ley General de la Seguridad Social establece que solo se reconoce la incapacidad permanente ante limitaciones graves, objetivables y previsiblemente definitivas que reduzcan o anulen la capacidad laboral. No es necesario demostrar que nunca habrá mejoría, pero sí que la recuperación es incierta o lejana. El grado de incapacidad depende de cómo afectan las limitaciones al trabajo, según el artículo 194, y los informes médicos deben analizar la repercusión funcional sobre la actividad profesional, no solo el diagnóstico.
La baja temporal protege a quienes están impedidos para trabajar mientras reciben asistencia sanitaria, pero su reconocimiento y duración tienen requisitos propios y no constituyen una alternativa ilimitada. Según información de medios especializados, la distinción entre incapacidad temporal y permanente es clave en la práctica judicial española.
Plazos y vías de recurso
La sentencia del TSJ no era firme en el momento de su difusión y podía recurrirse ante el Tribunal Supremo mediante casación para la unificación de doctrina, siempre que se cumplan los requisitos legales. El plazo para preparar este recurso es de diez días desde la notificación de la resolución, no desde la publicación de la noticia.
En caso de una primera denegación administrativa, el procedimiento exige reclamar ante el INSS en un plazo de treinta días desde la notificación. La entidad dispone de cuarenta y cinco días para responder y, tras la denegación expresa o el silencio administrativo, hay treinta días para presentar demanda judicial. Es imprescindible conservar el justificante de la reclamación para acompañarlo a la demanda.
Contexto y significado
Este caso muestra la dificultad de acreditar una incapacidad permanente por enfermedades crónicas de curso variable como la fibromialgia. La Justicia exige pruebas objetivas de una limitación laboral definitiva, más allá del diagnóstico y de la gravedad de los síntomas en determinados periodos. La sentencia no cierra la puerta a futuras reclamaciones, pero deja claro que la vía de la incapacidad permanente requiere un umbral probatorio alto y un análisis individualizado de cada situación. Para quienes conviven con enfermedades crónicas, el sistema legal español ofrece protección a través de las bajas temporales, pero el acceso a una pensión permanente sigue siendo una excepción reservada a los casos más graves y objetivables.
