Detenido en Tenerife un sospechoso de la mayor estafa financiera de OmegaPro. Las autoridades españolas han detenido en Tenerife a un hombre buscado por el FBI en relación con el caso OmegaPro. Se le acusa de organizar un esquema que privó a los inversores de cientos de millones de euros. La decisión sobre su extradición la tomará el tribunal.
En Tenerife, agentes de la Guardia Civil detuvieron a uno de los principales implicados en la investigación internacional del caso OmegaPro, una plataforma que las autoridades estadounidenses consideran la mayor estafa piramidal de los últimos años. Según la investigación, a través de este esquema se desviaron más de 650 millones de dólares, equivalentes a unos 558 millones de euros. El arrestado se encontraba en uno de los hoteles de la isla y fue localizado durante controles rutinarios por órdenes internacionales.
La operación se llevó a cabo en el sur de Tenerife, donde agentes de la unidad de Guía de Isora organizaron un operativo especial para su captura. Tras identificar al sospechoso, fue trasladado ante el juez, quien decretó su ingreso en prisión preventiva a la espera de una posible extradición a Estados Unidos. El nombre del detenido no ha sido revelado oficialmente, aunque se sabe que en el caso figuran dos personas: Michael Shannon Sims, fundador de OmegaPro, y Juan Carlos Reynoso, responsable de la plataforma en Latinoamérica y parcialmente en EE. UU.
Según las autoridades estadounidenses, desde 2019 OmegaPro ofrecía supuestos “paquetes de inversión” prometiendo rendimientos de hasta el 300 % en 16 meses. Para adquirirlos era necesario el uso de criptomonedas, lo que dificultaba el seguimiento de los flujos financieros. Los organizadores empleaban activamente el marketing: organizaban eventos multitudinarios, exhibían un estilo de vida lujoso en las redes sociales y contrataban a futbolistas conocidos, entre ellos Ronaldinho y Luis Figo, para promocionar el proyecto.
En los documentos del caso se señala que Reynoso aseguraba reiteradamente a posibles clientes que OmegaPro contaba con licencias legales o que no era necesario obtenerlas. En enero de 2020, el regulador español CNMV advirtió oficialmente que la empresa no tenía autorización para prestar servicios de inversión en España. Los fondos recaudados se transferían a monederos digitales bajo el control de la directiva y luego se distribuían entre los principales promotores para ocultar el origen del dinero.
El esquema funcionó hasta enero de 2023, cuando OmegaPro anunció un supuesto ciberataque. La dirección aseguró a los inversores que sus fondos serían transferidos a la nueva plataforma Broker Group, pero nadie logró recuperar su inversión. Ambos sospechosos están acusados de conspiración para cometer fraude electrónico y blanqueo de capitales. Cada uno de estos delitos conlleva hasta 20 años de prisión.
La investigación está a cargo del FBI, el Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. (IRS-CI) y el Servicio de Inmigración HSI, con apoyo de las autoridades de Colombia, Australia, Canadá, Países Bajos y Reino Unido. Las cuestiones de cooperación internacional y extradición en este tipo de casos resultan cada vez más relevantes para España, especialmente ante el aumento de delitos financieros relacionados con criptomonedas. En este contexto, cabe señalar que anteriormente ya se debatían en el país las dificultades para interactuar con jurisdicciones extranjeras, como ocurrió en el caso de las investigaciones de corrupción en Cataluña.
Para referencia: según datos de Europol, en los últimos cinco años el número de casos de fraude con criptomonedas en Europa se ha más que duplicado. España se encuentra entre los países donde estos esquemas son detectados con mayor frecuencia gracias a la cooperación con estructuras internacionales. En el caso de OmegaPro, la investigación fue posible gracias al intercambio de información entre fuerzas de seguridad de diferentes países y la activa participación de los servicios españoles en la identificación de sospechosos en territorio nacional.
