El caso de Maricarmen, la inquilina de 87 años desahuciada en Madrid, ha cambiado de rumbo tras la primera declaración pública de Urbagestión Desarrollo e Inversiones S.L., la empresa dueña del piso. Después de dos años sin hablar, la inmobiliaria niega haber presionado a la anciana, rechaza que intentara subirle el alquiler y dice que nunca recibió una oferta formal de compra del Ministerio de Vivienda. Pero tanto el Ministerio como el Sindicato de Inquilinas rebaten cada punto de esta versión.
Urbagestión afirma que nunca pidió a Maricarmen una renta mayor a la que pagaba. En su comunicado, dice que la única cifra que se mencionó fue una posible renta bonificada, entre un 40% y un 50% por debajo del precio de mercado, por la edad de la inquilina. Sin embargo, la abogada del sindicato, Beatriz Duro, asegura que durante las negociaciones la empresa sí propuso un alquiler de 1.650 euros. Esa cantidad era imposible para Maricarmen, que cobra una pensión de 1.350 euros. La empresa no la echó por impago, sino que fue a juicio alegando que el contrato había sido subrogado dos veces, algo que la ley no permite.
Urbagestión ha presentado una querella penal contra el Sindicato de Inquilinas por injurias, calumnias, coacciones y derecho al honor, reclamando 10.000 euros de indemnización.
Sobre las ofertas de compra, Urbagestión sostiene que ni el Ministerio de Vivienda ni la empresa pública Casa 47 presentaron propuestas legales para comprar el piso. Sí reconoce que recibió una oferta de alquiler de 900 euros, a pagar entre Maricarmen y Casa 47, pero la rechazó porque faltaban detalles en el contrato. Desde el Ministerio, la versión es muy distinta: aseguran que sí ofrecieron comprar la vivienda y que la empresa cortó el contacto en cuanto recibió la propuesta, tanto de compra como de alquiler compartido. Incluso una donante anónima, una escritora reconocida, intentó asumir la deuda y pagar el alquiler de Maricarmen hasta el final de su vida, pero Urbagestión no respondió a los intentos de contacto, según fuentes del Ministerio.
La inmobiliaria acusa al Sindicato de Inquilinas de presionar, descalificar y coaccionar sin motivo, y mantiene una demanda por daños al honor tras ser llamada “fondo buitre”. Carolina Vilariño, portavoz del sindicato, rechaza estas acusaciones y dice que solo intentaron negociar para evitar el desahucio. Según Vilariño, la empresa nunca quiso llegar a un acuerdo y se negó a pactar una entrega de llaves menos traumática. Solo dieron media hora para recoger las pertenencias y prohibieron a Maricarmen volver a la vivienda.
Urbagestión insiste en que el desahucio fue legal, con sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid y el Tribunal Supremo que declararon extinguido el contrato tras dos subrogaciones. El sindicato no discute la legalidad, pero denuncia que la situación es injusta y fruto de leyes franquistas que impidieron a las mujeres firmar contratos de alquiler. Maricarmen solo pudo acceder al contrato tras la muerte de su madre en 2005, después de que el piso estuviera a nombre de su padre y luego de su madre.
El Ministerio de Vivienda instó al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid a intervenir para frenar el desahucio y respaldó la petición de suspensión cautelar planteada por Naciones Unidas, subrayando la dimensión internacional del caso.
La empresa también dice que “toleró” que Maricarmen siguiera en el piso durante tres años tras la sentencia, pero que desde que compró la vivienda en 2018 ya había avisado de su intención de vaciarla y nunca ofreció un alquiler asumible. Además, Urbagestión pone en duda que Maricarmen viviera 70 años seguidos en el piso, alegando que estuvo empadronada en Collado Mediano hasta 2001. Sin embargo, el certificado de empadronamiento muestra que solo residió allí cuatro meses por trabajo antes de volver a su domicilio habitual.
El caso ha provocado una fuerte polémica pública y política en Madrid, como ya recogieron informes previos. La falta de acuerdo y la negativa de Urbagestión a aceptar propuestas alternativas han dejado a Maricarmen fuera de su casa tras más de setenta años. La situación muestra los límites de la protección legal para inquilinos vulnerables y la rigidez de las leyes de alquiler en España. Aunque el desenlace cumple la ley, deja clara la distancia entre la legalidad y la justicia social en los conflictos de vivienda, sobre todo cuando afectan a personas mayores sin recursos para afrontar subidas de renta o juicios largos.
La cobertura de este caso ha sido seguida de cerca por medios como eldiario.es, que ha detallado las posiciones enfrentadas y la evolución judicial.
