Sin embargo, la retirada sólo duró unos meses porque su sucesor Joe Biden volvió a comprometerse con el tratado. Casi todos los países del mundo son parte del acuerdo. Sólo Yemen, Irán y Libia no han firmado el tratado.
La retirada del acuerdo de protección del clima forma parte de un decreto con el que Trump ordena un alejamiento total de la política climática anterior. Afirma que Estados Unidos considera que la retirada del acuerdo y todas las obligaciones relacionadas entrará en vigor inmediatamente después de la notificación a las Naciones Unidas.
Trump fue más allá y ordenó a la misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y a los Departamentos de Estado y del Tesoro suspender o revocar “inmediatamente” todos los supuestos compromisos financieros de Estados Unidos en virtud de la Convención Marco sobre el Cambio Climático. También revocó el plan internacional de financiación climática de EE.UU., que, entre otras cosas, proporciona apoyo financiero a los países especialmente afectados por el cambio climático. Según Trump, el calentamiento global no existe y repetidamente describe el cambio climático como un “gran engaño”.
La Convención Marco sobre el Cambio Climático es un acuerdo multilateral que constituye la base de las conferencias climáticas mundiales en las que se negoció el Acuerdo de París. Las partes contratantes reconocen que el cambio climático es provocado por el hombre y que las actividades humanas aumentan el calentamiento global, lo que a su vez genera amenazas a los ecosistemas y, por tanto, también a la humanidad.
Es también una apuesta por la cooperación internacional para tomar medidas para frenar este desarrollo, en el que los países desarrollados tienen una especial responsabilidad. También en apoyo financiero a los países más pobres para que puedan también alcanzar sus obligaciones y objetivos climáticos. El objetivo del acuerdo es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que evite alteraciones peligrosas del sistema climático.
Las Partes deben reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, informar sobre sus emisiones y someterse a una verificación internacional. Sin embargo, el Congreso de Estados Unidos señala que las obligaciones asociadas al acuerdo, como el apoyo a los países más pobres y de menores ingresos, no son ejecutables.
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