Una pareja de Lleida reclama al Estado una indemnización millonaria. Su cosecha de cáñamo fue inmovilizada tras ser confundida con marihuana. Dos años después, la justicia confirma que no era psicoactiva.
Un error policial ha dejado a dos agricultores de Lleida al borde de la ruina. Anna y Albert, con experiencia en el sector agrícola, exigen al Estado una compensación de un millón de euros tras perder su cosecha de cáñamo industrial. La intervención de la policía catalana, que confundió su producción con marihuana, paralizó su actividad durante dos años y bloqueó la comercialización de toda la mercancía.
El caso se remonta a marzo de 2023, cuando los Mossos d’Esquadra interceptaron un envío de 30 kilos de cáñamo enviado como muestra comercial. La pareja había constituido legalmente una empresa en 2022 para dedicarse al cultivo y venta de cáñamo industrial, cumpliendo con todos los permisos y notificando a las autoridades sobre su actividad. Sin embargo, la policía presentó una denuncia por un presunto delito contra la salud pública, lo que llevó a la inmovilización judicial de toda la cosecha almacenada.
Durante la investigación, que se prolongó hasta mayo de 2025, Anna y Albert estuvieron bajo sospecha y vieron cómo su inversión y su trabajo quedaban paralizados. Según la documentación consultada por EFE, la empresa había adquirido 40.000 semillas de cannabis sativa y cultivado más de cuatro hectáreas en Juneda, con el objetivo de producir fibras textiles y comercializar flores y plantas al por mayor. Tras la recolección, la cosecha fue trasladada a naves para su secado, pero nunca llegó al mercado debido a la orden judicial.
La situación dio un giro en octubre de 2024, cuando un informe del Instituto Nacional de Toxicología, solicitado por el juzgado, analizó 29 muestras de la planta intervenida. El resultado fue claro: el contenido de THC no superaba el 0,2 %, por debajo del límite del 0,3 % que marca el Tribunal Supremo para considerar el cáñamo como psicoactivo. Con este dictamen, la causa penal quedó archivada, pero el daño económico ya estaba hecho.
El caso pone de relieve la inseguridad jurídica que rodea al cultivo de cáñamo industrial en España. Aunque la legislación distingue entre cáñamo y marihuana según el nivel de THC, los controles y la interpretación de la norma pueden derivar en bloqueos prolongados y pérdidas irreparables para los productores. Según datos del sector, el cáñamo industrial se utiliza principalmente para la obtención de fibras, semillas y productos no psicoactivos, y su cultivo está regulado por la Unión Europea. Sin embargo, la falta de criterios claros en la aplicación de la ley sigue generando conflictos y reclamaciones como la de Anna y Albert.
