El Ministerio Público solicita penas de cárcel para tres implicados en la trama Mediador. El caso afecta a políticos y empresarios de Canarias. Se investigan pagos y favores a cambio de contratos y subvenciones.
La Fiscalía ha solicitado ocho años de prisión para Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni, exdiputado socialista, por su presunta implicación en el caso Mediador, una trama de corrupción que operó en Canarias entre septiembre de 2020 y julio de 2021. El escrito de acusación atribuye a Fuentes Curbelo seis años por cohecho continuado y dos por pertenencia a grupo criminal, situándolo como uno de los principales responsables de la red.
La petición más elevada recae sobre Marco Antonio Navarro Tacoronte, señalado como el mediador de la organización. Para él, la Fiscalía reclama 13 años de cárcel, repartidos entre delitos de cohecho, pertenencia a grupo criminal, estafa continuada, falsedad documental y tráfico de influencias. Por su parte, Taishet Fuentes Gutiérrez, exdirector general de Ganadería, se enfrenta a una solicitud de 11 años de prisión por cohecho, grupo criminal y estafa.
Según la acusación, los tres acusados habrían diseñado un plan para captar empresarios y ofrecerles acceso a contratos, subvenciones y negocios públicos a cambio de pagos, regalos y comisiones. El mecanismo, según el sumario, se basaba en el uso indebido de cargos públicos y el manejo de información reservada, lo que permitía a la red obtener beneficios económicos ilícitos.
Durante los nueve meses en los que la trama estuvo activa, varios empresarios transfirieron cerca de 100.000 euros a cuentas vinculadas a la pareja de Navarro Tacoronte y realizaron donaciones al club deportivo presidido por Tito Berni. A pesar de los pagos, los favores administrativos prometidos nunca se materializaron, según la investigación judicial.
El caso Mediador se suma a una serie de procesos recientes que han puesto el foco en la corrupción política en España. En este contexto, el Tribunal Supremo impuso recientemente una condena de 24 años de prisión a José Luis Ábalos por un entramado de comisiones, como se detalla en una sentencia que ha marcado precedente en la lucha contra la corrupción.
La investigación sobre el caso Mediador ha revelado la existencia de una estructura organizada que, según la Fiscalía, actuó de forma coordinada para aprovecharse de su posición institucional. El proceso judicial continúa, y las penas solicitadas reflejan la gravedad de los hechos atribuidos a los acusados. El caso ha generado especial atención en Canarias, donde la trama habría operado con mayor intensidad y donde se concentran la mayoría de los empresarios afectados.
En el contexto español, los delitos de cohecho y pertenencia a grupo criminal están tipificados con penas severas, especialmente cuando se demuestra el uso de cargos públicos para obtener beneficios personales. La Fiscalía sostiene que la actuación de los acusados en el caso Mediador representa un ejemplo de corrupción institucionalizada, con ramificaciones en distintos niveles de la administración autonómica.
El avance de este proceso judicial se produce en un momento de creciente escrutinio sobre la transparencia y la integridad en la gestión pública. El caso Mediador, junto a otros recientes, subraya la importancia de los controles internos y la vigilancia sobre el uso de fondos y contratos públicos en España.
