Organizaciones agrarias reclaman medidas urgentes ante la acumulación de combustible vegetal. Denuncian la falta de gestión forestal y piden cambios legales para actuar sin demoras. El conflicto se intensifica tras el incendio en Almería.
El reciente incendio en Los Gallardos (Almería) ha reavivado el debate sobre la gestión de los montes en Andalucía. Organizaciones agrarias han lanzado una advertencia clara: la acumulación de combustible vegetal por el abandono de prácticas tradicionales y la falta de gestión forestal está elevando el riesgo de incendios a niveles críticos. Agricultores y ganaderos, históricamente apartados de la gestión de los montes, reclaman ahora un papel activo y acceso directo para realizar labores preventivas sin esperar autorizaciones administrativas.
La situación es especialmente preocupante en provincias como Jaén, donde más del 48% del territorio es forestal y más de 300.000 hectáreas cuentan con algún tipo de protección. Según los representantes de UPA Andalucía y Asaja, la despoblación rural y la desaparición del mosaico de cultivos y pastos han generado paisajes continuos y homogéneos, facilitando la propagación del fuego. El descenso del número de ganaderos y la falta de relevo generacional agravan el problema, como ilustra el caso de Peal de Becerro, donde el número de cabezas de ganado ha caído drásticamente en la última década.
Las organizaciones agrarias insisten en que la prevención debe ser constante y no limitarse a la temporada de incendios. Proponen recuperar planes locales de emergencia, agrupaciones de defensa forestal y campañas de sensibilización, así como permitir quemas controladas de residuos agrícolas y forestales. Asaja ha presentado una petición urgente ante la Junta de Andalucía y el Gobierno central para que se reforme la normativa y se facilite la autoprotección de personas y bienes, eliminando trabas burocráticas para las labores preventivas.
El debate político se intensifica. Vox ha incluido la gestión de los montes en su pacto con el PP para el gobierno andaluz, y el vicepresidente de la Junta, Manuel Gavira, ha subrayado la necesidad de priorizar recursos para la limpieza y gestión forestal, evitando que la normativa impida la participación de agricultores y ganaderos. Gavira también ha restado peso al cambio climático como causa principal de los incendios, reclamando más responsabilidad política y menos ideología. Por su parte, el PSOE ha criticado la falta de mantenimiento de los caminos rurales, señalando que la situación se ha agravado tras las últimas borrascas y la ausencia de financiación autonómica en los últimos años.
La preocupación por la gestión forestal y la prevención de incendios no es exclusiva de Andalucía. En otras regiones, como Madrid, la rápida propagación del fuego ha obligado a confinar y evacuar a miles de personas, como ocurrió recientemente en Lozoyuela, donde la Comunidad de Madrid activó el nivel 2 de emergencia y se detuvo a un sospechoso relacionado con el origen del fuego. Más detalles sobre este caso pueden consultarse en el informe sobre el incendio en Lozoyuela.
En España, la superficie forestal protegida ha crecido en las últimas décadas, pero la falta de gestión activa y la reducción de la actividad agraria han convertido muchos montes en zonas de alto riesgo. Las organizaciones agrarias advierten que, si no se facilita su participación en la prevención, la acumulación de biomasa y la despoblación rural seguirán alimentando incendios cada vez más devastadores. El conflicto entre la protección ambiental, la normativa y la gestión práctica del territorio sigue sin resolverse, mientras el riesgo de grandes fuegos aumenta cada verano.
Según datos oficiales, Andalucía es una de las comunidades autónomas con mayor superficie forestal de España. La trashumancia, el pastoreo y las quemas prescritas han sido históricamente herramientas clave para mantener el equilibrio ecológico y reducir el riesgo de incendios. Sin embargo, la tendencia al abandono rural y la burocracia han limitado su uso. El reto para los próximos años será encontrar un modelo de gestión que combine la protección ambiental con la prevención eficaz de incendios y la supervivencia del medio rural.
