La empresa Athisa Medio Ambiente anuncia su salida del Centro de Protección Animal de Badajoz tras denuncias sobre carencias en las instalaciones. El Ayuntamiento aún no ha resuelto la nueva licitación. El futuro del servicio sigue en el aire.
La empresa Athisa Medio Ambiente ha comunicado que abandonará la gestión del Centro de Protección Animal de Badajoz el próximo 15 de septiembre, fecha en la que concluye la prórroga extraordinaria tras la expiración de su contrato. La decisión llega después de meses de denuncias por parte de colectivos animalistas y partidos políticos, que han señalado deficiencias graves en las instalaciones, como la falta de sombra, agua en mal estado y problemas de limpieza.
Durante su periodo al frente del centro, iniciado en diciembre de 2024, la concesionaria asegura haber priorizado el bienestar animal y destaca la formalización de 265 adopciones de perros y 143 de gatos. Sin embargo, reconoce que ha tenido que afrontar limitaciones estructurales heredadas, episodios de saturación que obligaron a restringir la entrada de nuevos animales y un brote infeccioso que, según la empresa, fue tratado conforme a criterios veterinarios. Además, admite que en ciertos momentos el suministro de agua para tareas de limpieza no fue estable.
Athisa Medio Ambiente defiende que ningún animal fue sacrificado ni abandonado durante su gestión y que todos recibieron alimentación, atención veterinaria y cuidados diarios. La empresa también niega algunas de las acusaciones difundidas en redes sociales en las últimas semanas, aunque reconoce que las dificultades han sido notables y que se han destinado recursos propios para introducir mejoras siempre que ha sido posible.
El Ayuntamiento de Badajoz, gobernado por el PP, confirma que la nueva licitación del servicio sigue en proceso de publicación y que la finalización de la gestión de Athisa ya estaba prevista desde el inicio de la prórroga. El equipo de gobierno asegura estar trabajando en un proyecto de mejora y ampliación del centro, con actuaciones sobre las instalaciones, nuevo equipamiento y la construcción de una depuradora, incluidas en los presupuestos municipales de este año.
Desde Unidas por Extremadura, su portavoz regional Irene de Miguel considera positiva la salida de la concesionaria y subraya que la gestión se realizó con escasas garantías para los animales, especialmente durante episodios de calor, por la falta de sombra y agua potable. El grupo municipal socialista, por su parte, sostiene que el comunicado de Athisa confirma muchas de las carencias denunciadas por el PSOE y voluntarios, y reclama explicaciones sobre la gestión de la saturación y la recogida de animales durante los periodos en que el centro no pudo admitir más ingresos. Además, critican que la futura perrera municipal haya sido presupuestada en 2024 y 2025 sin que el proyecto haya avanzado en su licitación.
Otras formaciones como PACMA recuerdan que Athisa Medio Ambiente ha estado implicada en controversias similares en otros municipios, incluyendo expedientes administrativos en la Bahía de Cádiz y Logroño, inspecciones en Granada y críticas durante la adjudicación del refugio municipal de Valencia.
La situación de la protectora de Badajoz se produce en un contexto de creciente atención pública sobre la gestión de servicios esenciales y la transparencia en los procesos de licitación. Temas como la regularización de servicios y la respuesta de las administraciones ante situaciones críticas han sido objeto de debate en otros ámbitos, como se refleja en la reciente cobertura sobre la postura del Gobierno respecto a la regularización de migrantes, disponible en este análisis de espanol.news.
En España, la gestión de centros de protección animal depende en gran medida de la colaboración entre administraciones locales y empresas concesionarias. La falta de recursos, las carencias estructurales y los retrasos en los procesos de licitación pueden afectar directamente al bienestar de los animales y a la percepción ciudadana sobre la eficacia de los servicios públicos. El caso de Badajoz pone de relieve la necesidad de revisar los modelos de gestión y garantizar que las condiciones mínimas estén aseguradas, especialmente en servicios considerados esenciales.
