El operativo contra incendios en Castilla y León arranca con helicópteros insuficientes y equipos incompletos. Bomberos y brigadistas denuncian precariedad y falta de inversión pese a las promesas oficiales.
El inicio de la campaña de incendios en Castilla y León se ve marcado por la falta de helicópteros operativos y la escasez de personal en las brigadas, según denuncian trabajadores del sector. A pesar de los compromisos de la Junta tras los graves incendios de 2025, que dejaron 140.000 hectáreas calcinadas y cinco víctimas mortales, los recursos siguen siendo insuficientes y las mejoras apenas se perciben en el terreno.
En las primeras semanas de la temporada, brigadistas y bomberos han alertado de que la situación recuerda a los peores momentos del año anterior. Los primeros incendios en León han puesto a prueba un dispositivo que, según testimonios recogidos por EL PAÍS, sigue funcionando con medios aéreos limitados y cuadrillas incompletas. En varias bases, como El Oterico en León o Villaralbo en Zamora, los helicópteros prometidos no han llegado o lo han hecho con retraso, mientras que las instalaciones presentan carencias básicas como falta de vallas, mobiliario o duchas suficientes.
La reorganización interna tampoco ha resuelto los problemas de fondo. La creación de la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, dirigida por Ángel Sánchez, no ha evitado las críticas del sector, que cuestiona la vinculación de la nueva dirección con la consejería responsable y la falta de cambios reales en la gestión. El presidente Alfonso Fernández Mañueco aseguró que habría más medios y personal, pero los propios trabajadores insisten en que la precariedad laboral y la temporalidad siguen siendo la norma: solo una cuarta parte del operativo trabaja todo el año, mientras que el resto son contratados de forma temporal y, en muchos casos, sin formación previa.
La situación se complica aún más con la ola de calor y el decreto de riesgo extremo por parte de la Junta. El traspaso del personal de empresas privadas al convenio de Tragsa ha generado un conflicto laboral inédito: la patronal ordenó a sus 950 empleados no acudir a los incendios, una medida rechazada por los brigadistas, que consideran que la integración en Tragsa es positiva pero mal gestionada y precipitada. Mientras tanto, camiones permanecen parados por falta de conductores y en varias provincias, como Ávila, Burgos, Soria y Palencia, los medios aéreos siguen sin estar plenamente disponibles.
El malestar entre los profesionales es palpable. Bomberos de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) advierten que la inexperiencia de muchos nuevos integrantes y la falta de recursos pueden agravar la campaña. Las condiciones meteorológicas, con temperaturas cercanas a los 38 grados y humedades muy bajas, aumentan el riesgo de grandes incendios difíciles de controlar. En bases como Cueto (León), la convivencia de dos empresas con convenios distintos y la espera de infraestructuras mínimas, como duchas o vestuarios, reflejan la desorganización del operativo.
En este contexto, la gestión de la Junta de Castilla y León vuelve a estar en el centro del debate público. La falta de avances reales en la dotación de medios y la persistencia de la temporalidad laboral contrastan con las promesas políticas. Como ya ocurrió en otros ámbitos de la administración autonómica, la respuesta institucional genera controversia, un fenómeno que también se ha visto en otros casos recientes, como la reacción del Partido Popular ante los pagos de Quirón a González Amador, según se recoge en este análisis sobre la postura del PP en situaciones de crisis.
Castilla y León es una de las comunidades autónomas con mayor superficie forestal de España, lo que la convierte en una de las regiones más vulnerables a los incendios durante el verano. La falta de estabilización del personal y la insuficiencia de medios aéreos pueden tener consecuencias directas en la capacidad de respuesta ante emergencias. Según datos oficiales, solo el 25% de los trabajadores del operativo de incendios tiene contrato anual, mientras que el resto depende de contrataciones estacionales. La experiencia de los últimos años muestra que la combinación de altas temperaturas, recursos limitados y personal inexperto incrementa el riesgo de grandes incendios y dificulta su control.
