Una investigación internacional ha permitido detener a 20 personas vinculadas a una red que movía migrantes y drogas entre Argelia y España. El caso se destapó tras la desaparición de una patera con 12 jóvenes.
Una operación conjunta de las policías de España, Francia y Bélgica, coordinada por Europol y Eurojust, ha desarticulado una red internacional dedicada al tráfico de personas y drogas entre Argelia y España. La investigación se inició tras la desaparición de una patera con 12 migrantes que partió de Orán en octubre de 2022 y nunca llegó a la costa española. La angustia de los familiares, muchos residentes en Francia, desencadenó una oleada de denuncias que permitió a las autoridades unificar esfuerzos bajo la denominada Operación Scorpion.
El grupo criminal, dirigido desde Bélgica y con ramificaciones en varias ciudades españolas, habría introducido en Europa a unos 400 migrantes en los últimos cuatro años. Además, la red movió cerca de cuatro millones de euros en cocaína y pastillas de MDMA, enviadas desde Europa a Argelia. Los detenidos, veinte en total, operaban entre Bélgica, Vitoria, Madrid, Murcia y especialmente Alicante, donde se concentra la mayor colonia argelina de España.
La estructura de la organización era compleja: los líderes, asentados en Bélgica, coordinaban las operaciones y financiaban los viajes. Un lugarteniente en Vitoria gestionaba la logística, mientras equipos en España y Argelia se encargaban de captar clientes, preparar embarcaciones y organizar la travesía. El precio por cruzar el Mediterráneo oscilaba entre 8.000 y 10.000 euros, dependiendo de la potencia del motor de la patera. Los migrantes permanecían ocultos en viviendas clandestinas en Argelia hasta que las condiciones meteorológicas permitían la salida.
En España, la red preparaba las embarcaciones, seleccionaba pilotos —muchos de ellos marroquíes— y aseguraba el combustible. Los pagos se realizaban antes del viaje y, según la investigación, la organización cobraba incluso si la embarcación naufragaba, como ocurrió con los 12 desaparecidos. Las pateras vacías se redistribuían por la costa sur española, y la droga procedente de Bélgica se almacenaba en inmuebles conocidos como guarderías. Para dificultar la labor policial, la red empleaba vehículos lanzadera, vigilaba los puntos de embarque y desembarque y no dudaba en recurrir a armas de fuego para proteger sus intereses o resolver disputas con otras organizaciones.
En los registros realizados tras las detenciones —12 en Alicante, 2 en Madrid, 1 en Vitoria, 1 en Murcia y 4 en Bélgica—, la policía intervino dos embarcaciones rápidas, un vehículo pick-up, motores fueraborda, 27 petacas de combustible, documentación sobre la compra de embarcaciones y motores, dos armas de fuego (una robada), un arma simulada, un arma larga, 1,2 kilos de MDMA en polvo, cinco básculas de precisión, 35 teléfonos móviles y 12.430 euros en efectivo. Cuatro de los arrestados en España y uno en Bélgica han ingresado en prisión.
La investigación ha permitido acreditar que, en cuatro años, la red obtuvo unos ocho millones de euros entre el tráfico de personas y de drogas. El caso pone de relieve la sofisticación de las redes criminales que operan en el Mediterráneo y la colaboración internacional necesaria para combatirlas. En paralelo, la situación de los migrantes y la presión sobre las rutas hacia España siguen siendo temas de actualidad, como también lo es la preocupación por la estabilidad económica de los hogares, reflejada en informes recientes sobre la capacidad de ahorro de las familias españolas, según datos recogidos en un análisis sobre la situación financiera en España. La Operación Scorpion evidencia la magnitud de los desafíos en materia de migración irregular y tráfico ilícito en la región.
En contexto, España es uno de los principales destinos de migrantes procedentes del norte de África, especialmente a través de rutas marítimas peligrosas. Las autoridades han reforzado la cooperación internacional para frenar tanto el tráfico de personas como el de estupefacientes. El uso de embarcaciones rápidas y la diversificación de rutas han complicado la labor policial. Además, la presencia de organizaciones criminales transnacionales ha incrementado los riesgos para los migrantes y la seguridad en las costas españolas. La colaboración entre cuerpos policiales y agencias europeas se ha convertido en una herramienta clave para desmantelar estas redes y proteger tanto a las personas como a la integridad de las fronteras.
