El tribunal de Asturias confirma el despido de una camarera por ventas no registradas y descuadre de caja. Un conflicto laboral en Lugones-Siero terminó con una sentencia judicial: una camarera perdió su empleo por realizar ventas no registradas de forma reiterada y un descuadre de caja de casi 200 euros. El tribunal declaró procedente el despido, pese a los intentos de la trabajadora de recurrir la sanción.
En diciembre de 2024, en uno de los establecimientos de Lugones-Siero se realizó un recuento sorpresivo de la caja, que reveló una grave discrepancia entre el efectivo y las ventas oficialmente registradas. En la caja había casi 200 euros más de lo que reflejaba el sistema, lo que de inmediato despertó sospechas entre la dirección.
La investigación interna, iniciada tras este incidente, pronto determinó que durante la primera mitad de diciembre una de las camareras realizó al menos 11 operaciones que no fueron registradas en el sistema ni acompañadas de la emisión de un recibo. Entre las ventas no declaradas figuraban café, agua, cerveza y otros artículos, tanto para empleados como para clientes. Según la empresa, no se trataba de errores aislados, sino de un patrón reiterado que causaba un perjuicio económico directo al establecimiento.
La dirección decidió despedir a la empleada, especificando en la notificación que sus acciones fueron sistemáticas y deliberadas, además de violar los protocolos obligatorios de trabajo. La trabajadora intentó impugnar la decisión, alegando que dicha práctica supuestamente estaba tácitamente permitida, y que las pruebas aportadas por el empleador eran unilaterales y no habían sido sometidas a verificación independiente. Además, denunció una posible represalia: unas horas antes de recibir la notificación de despido, la empresa recibió de su parte una solicitud formal de rescisión del contrato de trabajo debido a supuestas infracciones por parte del empleador.
Sin embargo, el tribunal no aceptó estos argumentos. En la resolución se señala que los hechos de las infracciones fueron constatados antes de que la trabajadora presentara la reclamación, y no se confirmó ninguna relación entre el despido y su denuncia. El tribunal subrayó que para considerar el despido legal basta con el mero hecho de violar los principios de buena fe y lealtad, incluso si el daño causado es insignificante. Como resultado, el despido fue considerado justificado y la solicitud de readmisión fue rechazada.
Es significativo que junto con esta empleada también fueran despedidos otros dos trabajadores, igualmente detectados en infracciones similares tras una auditoría y revisión interna. Decisiones judiciales de este tipo no son inusuales: anteriormente, por ejemplo, un tribunal denegó la pensión a un fontanero de las Islas Canarias a pesar de sufrir lesiones graves, lo que ilustra la severidad del enfoque hacia los conflictos laborales en España (más detalles sobre un caso similar).
Este caso subraya que incluso infracciones pequeñas pero sistemáticas de la disciplina laboral pueden llevar a sanciones máximas, y los tribunales en España apoyan cada vez más a los empleadores cuando existen pruebas documentadas.
