El Ministerio de Educación fue alertado en abril de 2025 sobre exclusiones de alumnado en las pruebas Pisa en Cataluña por encima de lo permitido. El alcance real del problema se conoció un año después, tras la publicación de los resultados.
El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes recibió en abril de 2025 una notificación inesperada: la empresa encargada por la OCDE para aplicar las pruebas Pisa en España advirtió que en Cataluña se estaban registrando tasas de exclusión de alumnado superiores a las permitidas por el protocolo internacional. Esta incidencia se detectó cuando las evaluaciones ya estaban en marcha, lo que generó preocupación en los equipos técnicos responsables.
Ante la alerta, técnicos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa contactaron de inmediato con sus homólogos del Consell Superior d’Avaluació Educativa en Cataluña. Durante esos días, se mantuvieron comunicaciones constantes para analizar el alcance de las incidencias reportadas por la empresa contratada por la OCDE. Según información adelantada por El Mundo y La Vanguardia y confirmada por Europa Press, la situación se gestionó exclusivamente a nivel técnico, sin que trascendiera a otros ámbitos de la administración.
En ese momento, las autoridades educativas no pudieron valorar con precisión el impacto ni las posibles consecuencias de las exclusiones detectadas. No fue hasta marzo de 2026, cuando la OCDE publicó los resultados globales de las pruebas Pisa, que se conoció el verdadero alcance de las incidencias técnicas en Cataluña. El Ministerio dirigido por Milagros Tolón subraya que solo entonces se pudo dimensionar el efecto de las exclusiones sobre los resultados obtenidos por el alumnado catalán.
Por su parte, la portavoz de la Generalitat y consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, explicó que el Govern optó por no informar antes sobre el error en la elaboración de las pruebas Pisa 2025. Según Paneque, la decisión se tomó para evitar comunicar datos sin evidencias suficientes, y la investigación interna en el Departament de Educación y FP sigue abierta a día de hoy.
El caso de las exclusiones en las pruebas Pisa en Cataluña pone de relieve la importancia de los controles técnicos en las evaluaciones internacionales y la necesidad de transparencia en la gestión de incidencias. Situaciones similares, donde la gestión de errores o irregularidades en instituciones públicas genera debate, han sido objeto de atención mediática, como ocurrió con la disolución de una asociación religiosa en Madrid tras denuncias internas, un hecho que fue analizado en profundidad en un reportaje reciente sobre la gestión de crisis institucionales.
Las pruebas Pisa, coordinadas por la OCDE, evalúan cada tres años las competencias de estudiantes de 15 años en matemáticas, lectura y ciencias en decenas de países. España participa desde el año 2000 y los resultados suelen influir en el debate educativo nacional. Las tasas de exclusión de alumnado están estrictamente reguladas para garantizar la comparabilidad internacional. Cuando se superan los límites establecidos, los datos pueden quedar invalidados o perder valor comparativo, como ha sucedido en esta ocasión en Cataluña. El episodio subraya la relevancia de los procedimientos técnicos y la coordinación entre administraciones para preservar la fiabilidad de los estudios educativos internacionales.
