El Congreso da luz verde a la ley que permite a miles de mutualistas acceder a la Seguridad Social, pero mantiene fuera a los ya pensionistas. El texto aún puede cambiar tras el paso por el Senado.
El Congreso ha dado un paso clave al aprobar la ley que permitirá a miles de mutualistas profesionales trasladar sus derechos de cotización desde mutualidades privadas al régimen de autónomos de la Seguridad Social. Sin embargo, la exclusión de quienes ya son pensionistas —salvo los de viudedad— ha sido restablecida en el Senado, reabriendo el debate sobre el alcance real de la medida y dejando fuera a un sector especialmente vulnerable.
La llamada “pasarela al RETA” responde a una demanda histórica de colectivos como abogados, procuradores y arquitectos, que durante años cotizaron en mutualidades alternativas y ahora se enfrentan a pensiones muy bajas, en ocasiones de apenas 300 o 400 euros mensuales. La nueva ley busca que estos profesionales puedan computar los años cotizados en mutualidades privadas como si hubieran estado dados de alta en el RETA, facilitando así el acceso a pensiones públicas más dignas en el futuro.
El texto aprobado inicialmente en el Congreso, tras una enmienda del PP, eliminó la exclusión de los ya pensionistas y de quienes sumaban al menos 15 años cotizados en la Seguridad Social. Sin embargo, durante la tramitación en el Senado, el PP ha recuperado el veto a los pensionistas, aunque mantiene la puerta abierta a los mutualistas en activo con más de 15 años cotizados, estimados en unas 50.000 personas. El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha calificado este cambio como un retroceso y considera decisiva la votación final en el Pleno del Senado.
Entre las mejoras que se mantienen figura la regla conocida como “1x1”, que permite a los mutualistas mayores de 52 años computar cada mes cotizado en la mutualidad como un mes en el RETA a efectos de jubilación. Además, el PP ha ampliado esta equivalencia para los años cotizados antes de 1995, cuando la adscripción a las mutualidades era obligatoria. También se ha recuperado el plazo de tres meses para que el Gobierno apruebe el reglamento que detallará las condiciones de la pasarela, un aspecto que había quedado en el aire tras el paso por el Congreso.
En cuanto al cálculo de las bases de cotización, la ley establece que se tomará como referencia la base mínima que habrían pagado estos profesionales en el RETA, eliminando la actualización al IPC. Se aplicará además un coeficiente de mejora entre 0,67 y 0,87 para compensar las contingencias excluidas en las mutualidades.
Tras la votación en el Senado, la ley volverá al Congreso para su aprobación definitiva, donde los diputados podrán aceptar o rechazar las enmiendas introducidas en la Cámara Alta. El proceso legislativo aún puede deparar cambios relevantes, especialmente en lo relativo al acceso de pensionistas y a los criterios para quienes ya tienen años cotizados en la Seguridad Social.
El debate sobre la protección social de los profesionales autónomos y la equiparación de derechos con el resto de trabajadores sigue abierto en España. En paralelo, otras iniciativas de modernización y digitalización de servicios públicos, como la inversión catalana en infraestructuras tecnológicas, muestran la complejidad de los cambios estructurales en el sistema, tal como se analizó en el artículo sobre el impulso al cloud público en Cataluña (la apuesta catalana por la soberanía tecnológica).
La aprobación definitiva de la pasarela será clave para miles de profesionales que buscan una pensión pública más justa tras años de cotización en sistemas alternativos. El resultado final dependerá de los próximos movimientos parlamentarios y de la capacidad de los colectivos afectados para influir en el texto definitivo.
En España, las mutualidades profesionales han sido durante décadas la única opción para muchos autónomos, especialmente en profesiones colegiadas. El RETA, por su parte, es el régimen general para trabajadores por cuenta propia y ofrece acceso a las pensiones públicas, aunque con requisitos estrictos de cotización. La reforma busca corregir desigualdades históricas, pero la exclusión de los ya pensionistas sigue siendo un punto de fricción. El desenlace legislativo marcará el futuro de la protección social para miles de profesionales en el país.
