El equipo de Pedro Sánchez ha pisado el acelerador en la recta final antes de las elecciones. El Consejo de Ministros se ha convertido en la herramienta principal para sacar adelante medidas sociales de calado. El objetivo es claro: dejar su marca en el Boletín Oficial del Estado y limitar el margen de maniobra del próximo Gobierno, sea cual sea su signo.
Ya está en marcha una subida relevante del salario mínimo interprofesional. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha puesto en marcha los trámites para que el aumento se apruebe antes de la cita con las urnas. Esta subida se suma a un incremento acumulado del 66% desde la salida de Mariano Rajoy. El Gobierno quiere blindar así una política que ha definido la legislatura. Una vez publicada, cualquier Ejecutivo futuro tendrá que asumirla o pagar el precio político de intentar dar marcha atrás.
El Gobierno ha fijado oficialmente las elecciones generales para el 29 de noviembre de 2026, tras la disolución del Congreso y el Senado mediante decreto publicado en el BOE.
El Ejecutivo también baraja adelantar anuncios sobre pensiones, que normalmente se revisan a final de año. Busca reforzar su mensaje de protección social, sobre todo en las pensiones mínimas, y marcar distancia frente a las propuestas de reforma de PP y Vox. Así fuerza a la oposición a retratarse en un terreno donde, según sus cálculos, se sienten menos cómodos.
La estrategia se apoya en la Diputación Permanente. El apoyo del PNV y de los socios de izquierdas (ERC, Bildu y Podemos) basta para convalidar los decretos, sin depender de Junts. Esto permite sacar adelante medidas que antes chocaban con bloqueos en el pleno del Congreso y avanzar en iniciativas que habían quedado atascadas por falta de acuerdo interno o rechazo de algunos aliados.
Mientras tanto, los ministerios preparan una batería de propuestas sociales que irán pasando por los próximos Consejos de Ministros. El esquema recuerda a los “viernes sociales” de la legislatura anterior, cuando el Gobierno aprovechó el tramo final antes de las elecciones para lanzar medidas populares y marcar la agenda pública.
Pedro Sánchez ha subrayado que la reforma de las pensiones fue acordada con la Comisión Europea y es clave para acceder a los fondos europeos de recuperación. Además, el presidente ha destacado que el fondo de reserva de las pensiones ha crecido de 5.000 millones en 2018 a 20.000 millones de euros en octubre de 2026, según sus declaraciones.
La rentabilidad electoral de esta ofensiva no está asegurada. Antoni Gutiérrez Rubi, consultor con experiencia en campañas, señala que aunque algunos vean estos decretos como puro oportunismo, hay un grupo de votantes indecisos que espera este tipo de gestos del Gobierno. Para la derecha, la campaña gira en torno al rechazo a Sánchez. El Ejecutivo, en cambio, necesita acertar con el mensaje, sobre todo en vivienda, un tema que puede movilizar al voto joven pero donde las soluciones no llegan de inmediato.
El clima electoral se complica aún más con la convocatoria de una huelga general sobre la vivienda el 11 de noviembre. Es una movilización poco habitual que el Gobierno intentará enfocar contra el PP, aunque sabe que todas las huelgas suelen golpear al Ejecutivo en funciones. El reciente decreto Maricarmen, pensado para frenar desahucios, responde a las demandas de quienes protestan en la calle y refuerza el perfil social del Gobierno.
Por su parte, el PP centra su campaña en desgastar al Ejecutivo y en propuestas como la reforma de las bajas laborales, que ya ha generado polémica entre los trabajadores. El pulso entre ambas estrategias marcará el tono de la campaña. El Gobierno apuesta por vivienda, gasto social, pensiones, salario mínimo, sanidad y educación. La oposición pone el foco en el rechazo a Sánchez y en temas como Ceuta.
Este escenario recuerda a otros recientes, donde el adelanto electoral y la pérdida de apoyos parlamentarios obligaron a moverse rápido. Así ocurrió tras el anuncio de elecciones anticipadas después del fracaso de los decretos de vivienda.
La campaña que viene será atípica. Coincidirá con elecciones internacionales y estará marcada por hitos inéditos como la huelga general. El Gobierno de Sánchez, consciente de la ola conservadora global y de su desventaja en las encuestas, quiere agotar todas las herramientas institucionales para dejar su impronta social y condicionar el debate público. Esta ofensiva legislativa, aunque arriesgada, busca consolidar avances sociales y forzar a la oposición a definirse en cuestiones clave para amplios sectores de la sociedad española.
Según el sitio oficial de La Moncloa, la campaña electoral irá del 13 al 27 de noviembre y las nuevas Cortes Generales se constituirán el 23 de diciembre. El calendario institucional confirma la urgencia en la tramitación de medidas sociales.
