El Ejecutivo endurece las reglas en las oposiciones estatales: detectores, controles aleatorios y expulsión inmediata para quienes copien o usen dispositivos electrónicos. Las sanciones pueden llegar a la vía penal en casos graves.
El acceso a un puesto público en la Administración General del Estado será, a partir de ahora, mucho más estricto. El Gobierno ha aprobado un paquete de medidas que refuerza la vigilancia en las oposiciones, con el objetivo de frenar el fraude y garantizar la igualdad de oportunidades entre los aspirantes. La nueva normativa, dictada por la Comisión Permanente de Selección, autoriza el uso de sistemas de rastreo y controles aleatorios durante los exámenes, y advierte de consecuencias penales para quienes intenten copiar o recurrir a trampas tecnológicas.
Los tribunales y el personal colaborador podrán emplear dispositivos de detección para localizar teléfonos móviles, pinganillos y cualquier otro aparato de comunicación. No se exige una tecnología concreta, pero sí se permite el despliegue de medios capaces de identificar cualquier intento de recibir ayuda externa. Además, se realizarán controles aleatorios o sistemáticos en las aulas, y se podrán adoptar otras medidas que se consideren necesarias para evitar el uso de dispositivos prohibidos.
La lista de objetos vetados es amplia: teléfonos móviles, tabletas, ordenadores, relojes inteligentes, grabadoras, reproductores, transmisores, vapeadores y cigarrillos electrónicos. La entrada y tenencia de cualquiera de estos aparatos en el aula está prohibida, salvo que sea imprescindible por motivos justificados. En ese caso, el dispositivo deberá permanecer completamente apagado, fuera del alcance del opositor y en el lugar indicado por los responsables. El modo avión no será aceptado como alternativa válida.
Las consecuencias para quienes incumplan las normas son inmediatas. Si un aspirante es sorprendido copiando, utilizando medios electrónicos o manteniendo un dispositivo encendido, será expulsado del examen y excluido del proceso selectivo, incluso si el aparato no está en su poder directo. El personal funcionario deberá levantar acta y remitir el incidente a las autoridades, abriendo la puerta a posibles responsabilidades penales, aunque la calificación final dependerá de la valoración de los hechos por los órganos competentes.
Durante el examen, solo se permitirá tener sobre la mesa el documento identificativo físico, un bolígrafo transparente de tinta azul o negra y una botella pequeña de agua transparente sin etiqueta. Los tapones para los oídos están prohibidos, mientras que los audífonos y otros apoyos sanitarios requerirán acreditación documental.
Contexto de sospechas recientes
El endurecimiento de los controles llega tras las sospechas de irregularidades en las oposiciones de administrativos de la Seguridad Social celebradas en A Coruña en septiembre de 2025. De las 50 mejores notas a nivel nacional, la mitad correspondieron a aspirantes de esa sede, pese a que allí se presentaron 4.086 personas. El Ministerio de Inclusión abrió una investigación interna y trasladó el caso a la Fiscalía al detectar posibles indicios de delito. Las pesquisas se centran en el uso de dispositivos para recibir respuestas durante el examen, aunque por ahora no se han atribuido responsabilidades judiciales.
La preocupación por el fraude en procesos selectivos no es nueva. En otros ámbitos, como el sanitario, también se han producido investigaciones por posibles delitos relacionados con el acceso a servicios o prestaciones, como ocurrió tras el cierre de varias clínicas dentales en Madrid, donde la Policía Nacional intervino ante decenas de denuncias, según se recoge en un reportaje sobre el cierre de clínicas dentales y sus consecuencias para los pacientes.
Un cambio de paradigma en las oposiciones
La Administración busca así restaurar la confianza en los procesos selectivos y evitar que la tecnología se convierta en una vía de fraude. El refuerzo de la vigilancia y la amenaza de sanciones penales pretenden disuadir a quienes consideren recurrir a trampas. Para los opositores, el mensaje es claro: la transparencia y la igualdad de condiciones serán vigiladas con más rigor que nunca.
En los próximos meses, se espera que otras administraciones autonómicas y locales estudien la adopción de medidas similares, en un contexto donde la digitalización y la sofisticación de los métodos de copia obligan a actualizar los protocolos de control. El debate sobre la seguridad en los exámenes públicos sigue abierto, pero el Gobierno ha dado un paso firme para proteger la integridad de las oposiciones.
