Las personas que donen órganos o tejidos en vida tendrán derecho a una baja laboral con el 100% de su salario, sin requisitos de cotización previa. La medida busca proteger económicamente a quienes realizan este gesto solidario y ya está en vigor.
Donar un órgano o tejido en vida ya no supondrá un perjuicio económico para los trabajadores en España. Desde el 3 de marzo de 2025, quienes decidan dar este paso solidario cuentan con una protección reforzada: la Seguridad Social reconoce el derecho a una baja laboral con el 100% de la base reguladora, sin exigir ningún periodo mínimo de cotización.
La medida, recogida en la Ley 6/2024 y publicada en el BOE, modifica tanto la Ley General de la Seguridad Social como el Estatuto de los Trabajadores. El objetivo es claro: evitar que la generosidad de los donantes vivos se traduzca en una pérdida de ingresos durante el proceso médico y la recuperación.
Protección total desde el primer día
La nueva prestación cubre a cualquier persona trabajadora que, por donar órganos o tejidos, requiera asistencia sanitaria y no pueda desempeñar su actividad laboral. La incapacidad temporal se considera derivada de contingencias comunes, pero con una diferencia clave respecto a otras bajas: el subsidio se abona desde el primer día y equivale al 100% de la base reguladora, sin necesidad de haber cotizado previamente.
Esta cobertura no se limita al día de la intervención. Incluye tanto los días previos necesarios para la preparación médica como todo el periodo de hospitalización y recuperación, hasta el alta por curación. El pago corre a cargo de la entidad gestora o colaboradora que cubra la incapacidad temporal, como el INSS, el ISM o una mutua.
Ausencias retribuidas para preparativos
La reforma también introduce un cambio relevante en el Estatuto de los Trabajadores. Desde ahora, los empleados pueden ausentarse con derecho a remuneración por el tiempo indispensable para realizar los actos preparatorios de la donación, siempre que estos deban hacerse dentro de la jornada laboral. Así, se reconoce la necesidad de compatibilizar los trámites médicos con la vida profesional sin penalizaciones económicas.
España, referente en trasplantes
Según la Organización Nacional de Trasplantes, en 2025 se realizaron 6.335 trasplantes de órganos en España, con 2.547 donantes fallecidos y 408 donantes vivos de riñón o parte de hígado. La tasa de donantes fallecidos alcanzó los 51,9 por millón de habitantes, situando al país como líder mundial en este ámbito.
Hasta la entrada en vigor de esta medida, la protección económica de los donantes vivos dependía en muchos casos de la prestación ordinaria por incapacidad temporal, de convenios colectivos o de complementos voluntarios de la empresa. Ahora, la cobertura es homogénea y automática para todos los trabajadores que decidan donar en vida.
Un paso más en la protección social
La duración de la baja no está fijada de antemano: se mantiene mientras exista asistencia sanitaria y la persona no pueda reincorporarse al trabajo, en función de la evolución médica. Esta flexibilidad permite adaptar la protección a cada caso concreto.
La decisión del Gobierno refuerza el compromiso de España con la donación y el trasplante, eliminando barreras económicas para quienes optan por salvar o mejorar la vida de otros. El reconocimiento legal de esta baja laboral supone un avance en derechos sociales y en la protección de los gestos solidarios que sostienen el sistema de trasplantes.
En el contexto europeo, España sigue marcando la pauta en materia de donación y trasplantes, tanto por sus cifras como por la protección a los donantes. La medida puede servir de referencia para otros países que buscan incentivar la donación en vida sin que ello implique un coste personal para los trabajadores.
