El Ejecutivo busca apoyo parlamentario para un decreto de vivienda que recupera la deducción en el IRPF por hipoteca de primera vivienda. Junts condiciona su respaldo a incluir incentivos fiscales y otras medidas clave.
El Gobierno ha reactivado las negociaciones para aprobar un nuevo decreto de vivienda que incluye la recuperación de la deducción fiscal en el IRPF para hipotecas de vivienda habitual, una de las principales exigencias de Junts. Esta medida, eliminada en 2012 durante la crisis económica, permitiría a quienes firmen una hipoteca para su primera vivienda desgravar parte de los pagos, aunque los detalles sobre los límites y condiciones aún se debaten entre los socios parlamentarios.
El paquete legislativo, que el Ejecutivo espera aprobar en julio, también contempla la prórroga de contratos de alquiler que vencen en 2026 y 2027, la subida del IVA al 21% para pisos turísticos y una regulación más estricta del alquiler de temporada y por habitaciones. El objetivo es asegurar una mayoría suficiente en el Congreso, especialmente tras el rechazo de Podemos a cualquier incentivo fiscal para propietarios, lo que obliga al Gobierno a buscar el respaldo de Junts, ERC, Bildu, PNV y otros grupos minoritarios.
Junts ha trasladado por escrito sus condiciones, entre las que figuran no solo la desgravación de hipotecas, sino también incentivos fiscales para inquilinos y pequeños propietarios. El debate se centra ahora en definir quién puede considerarse pequeño propietario y cómo se aplicarán los beneficios fiscales en función del precio del alquiler, tomando como referencia el índice oficial del Ministerio de Vivienda. Además, Junts reclama que los mayores de 65 años que vendan su vivienda para costear una residencia queden exentos de tributar por esa operación en el IRPF, así como incentivos para la construcción y rehabilitación de viviendas.
El texto del decreto aún no es definitivo. PSOE y Sumar trabajan sobre un borrador que ha sido objeto de continuas revisiones para incorporar las demandas de los distintos grupos. El Gobierno descarta dividir el paquete en varias normas, como pedía Podemos, y mantiene la intención de aprobar todas las medidas en un solo decreto. La aritmética parlamentaria sigue siendo ajustada, pero el Ejecutivo confía en sumar los apoyos necesarios, incluso si Podemos se abstiene.
En cuanto a la regulación del alquiler de temporada, el decreto limitará esta modalidad a casos justificados por motivos laborales, académicos o médicos, con una duración mínima de 31 días y máxima de 12 meses. Si se encadenan contratos que superen ese plazo o no se acredita la causa temporal, el arrendamiento pasará a considerarse de vivienda habitual, sujeto a las garantías de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Además, se prohíbe que los inquilinos asuman gastos o impuestos fuera de la renta pactada, tanto en alquileres de temporada como habituales.
La protección se extiende también al alquiler por habitaciones cuando sea la residencia principal del inquilino, obligando a respetar los límites de precio en zonas tensionadas. Los contratos vigentes mantendrán sus condiciones hasta su vencimiento, pero las renovaciones deberán adaptarse a la nueva normativa.
El contexto político es especialmente tenso, ya que Junts mantiene una postura de presión tras haber tumbado en abril la anterior prórroga de contratos de alquiler. La portavoz del partido, Míriam Nogueras, ha insistido en que el Gobierno debe incorporar íntegramente las propuestas de Junts para garantizar su apoyo. Mientras tanto, otras formaciones como Podemos exigen separar las medidas fiscales del resto del paquete, una opción que el Ejecutivo rechaza.
En el Congreso, la negociación sobre vivienda se cruza con otros debates de actualidad, como la gestión de crisis y la presión sobre las instituciones. Recientemente, la atención política se ha centrado también en la responsabilidad de altos cargos, como se analizó en el reciente caso de la gestión de incendios en Cataluña, donde la tensión parlamentaria evidenció la dificultad de alcanzar consensos en temas sensibles.
La deducción por adquisición de vivienda habitual estuvo vigente en España hasta 2013 y permitía desgravar hasta el 15% de los pagos de hipoteca, con un máximo de 9.040 euros anuales. Su supresión fue una de las medidas de ajuste durante la crisis. La posible recuperación de este incentivo fiscal podría beneficiar a nuevos compradores, aunque el alcance final dependerá de los límites que se fijen en el decreto. El debate sobre la vivienda sigue siendo uno de los más complejos y politizados en la agenda nacional, con implicaciones directas para millones de familias y propietarios.
