El PSOE intenta recuperar terreno pese a los escándalos y condenas recientes. Feijóo refuerza su alianza con Vox y se prepara para una campaña centrada en la “limpieza institucional”. El clima político se tensa de cara a las próximas elecciones.
El escenario político español entra en una fase de máxima tensión tras un año marcado por escándalos judiciales y movimientos estratégicos de los principales partidos. El PSOE, golpeado por condenas y procesos abiertos contra figuras clave, mantiene la esperanza de una remontada electoral, mientras el PP de Alberto Núñez Feijóo intensifica su ofensiva y se presenta como alternativa de gobierno.
En el entorno de Pedro Sánchez, la percepción ha cambiado radicalmente respecto al verano anterior. Tras meses de incertidumbre y crisis interna, el presidente y su equipo consideran que la legislatura llegará a 2027, pese a la presión de los casos judiciales que afectan tanto a colaboradores cercanos como a su entorno familiar. La condena a José Luis Ábalos, la inhabilitación de David Sánchez y el proceso pendiente contra Begoña Gómez no han frenado el optimismo en Ferraz, donde se confía en movilizar el voto progresista y captar apoyos de sectores nacionalistas y de centroderecha moderada.
El PSOE interpreta la ofensiva judicial como un factor que puede reforzar su posición, al percibir que el PP mezcla acusaciones graves con otras de menor entidad. Dirigentes socialistas consideran que una eventual imputación del partido podría incluso movilizar a su electorado, recordando la reacción de la España periférica en 2023. Sin embargo, el optimismo es más contenido fuera de la dirección nacional, donde se advierte sobre el desgaste sufrido en elecciones autonómicas y municipales recientes, especialmente en regiones como Extremadura y Andalucía.
El Gobierno ha cerrado el curso parlamentario con la aprobación de varias leyes y decretos, pero sin lograr sacar adelante la senda de estabilidad presupuestaria. Los actuales Presupuestos siguen prorrogados desde 2023, y en La Moncloa se asume que el próximo proyecto presupuestario tendrá un marcado carácter electoral, con medidas expansivas y guiños a distintos sectores.
Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha reforzado su presencia pública y ha consolidado su alianza con Vox, abandonando la idea de un gobierno en solitario y abriendo la puerta a una coalición si los resultados lo permiten. El líder del PP da por amortizada la legislatura y se prepara para una campaña centrada en la “limpieza institucional”, la bajada de impuestos y el endurecimiento de la política migratoria. En su entorno se da por hecho que el PP podrá gobernar sumando con Vox, aunque algunas voces internas advierten que la victoria no está asegurada y que el partido no debe confiarse.
Las encuestas más recientes, como la de 40dB. para EL PAÍS y la SER, muestran un estancamiento del PP respecto a 2023 y una subida de Vox, lo que complica el escenario para una mayoría clara. Desde Vox se insiste en que no se debe dar por terminada la legislatura ni subestimar la capacidad de resistencia del PSOE, recordando los errores de cálculo cometidos en 2023.
El giro estratégico de Feijóo hacia una mayor sintonía con la extrema derecha se ha reflejado en los acuerdos autonómicos y en la asunción de conceptos como la “prioridad nacional”, que el PP podría trasladar al ámbito estatal. Además, Feijóo ha buscado reforzar su perfil internacional, participando en actos junto a líderes afines a Vox en América Latina y Europa.
En este contexto, la política española se encamina hacia un otoño de alta volatilidad, con la posibilidad de que el Gobierno utilice los Presupuestos como plataforma electoral y el PP apueste por una campaña de confrontación directa. El resultado dependerá en gran medida de la capacidad de ambos partidos para movilizar a sus bases y atraer a los votantes indecisos en un clima marcado por la judicialización y la polarización.
España ha vivido en los últimos años una sucesión de ciclos electorales intensos, con cambios de gobierno y alianzas inéditas. El sistema parlamentario español permite la formación de ejecutivos de coalición, como se ha visto en varias comunidades autónomas. La fragmentación política y la emergencia de nuevos partidos han complicado la gobernabilidad y han obligado a pactos transversales. El contexto económico, la gestión de los fondos europeos y la evolución de los casos judiciales seguirán condicionando la agenda política en los próximos meses. La relación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, especialmente en Cataluña y el País Vasco, sigue siendo un factor clave en la estabilidad institucional. El papel de Vox como socio prioritario del PP y la respuesta del electorado progresista serán determinantes en el desenlace de la próxima cita electoral.
