España suma ya 3,09 millones de horas extra semanales sin pagar, según los últimos datos del INE. Esto supone el 43% de todas las horas extraordinarias hechas en el segundo trimestre de 2026. Es un nuevo récord y deja claro que hace falta un control más firme sobre la jornada laboral.
El Ministerio de Trabajo, con Yolanda Díaz al frente, dijo el 9 de septiembre de 2026 que el nuevo sistema de registro horario digital se aprobaría "de inmediato". Pero la realidad es distinta. El decreto no entró en el Consejo de Ministros del 15 de septiembre y, a día de hoy, sigue sin fecha para entrar en vigor. El retraso viene por la necesidad de hacer cambios legales tras el dictamen del Consejo de Estado. Esto deja a empresas y trabajadores en el aire.
El Consejo de Estado ha señalado que el texto inicial del decreto no podía ser aprobado en su forma original, obligando a Trabajo y Economía a revisar el proyecto para evitar posibles impugnaciones judiciales.
Desde 2019, el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores obliga a registrar cada día la hora de entrada y salida. Las empresas deben guardar estos registros durante cuatro años y ponerlos a disposición de la plantilla, sus representantes y la Inspección de Trabajo. El nuevo decreto va más lejos. El borrador de Trabajo pide identificar pausas, si el trabajo es presencial o a distancia, el tipo de horas hechas, tiempos de espera y medidas de flexibilidad. Además, cada empleado tendría acceso inmediato a sus registros y recibiría un resumen mensual junto a la nómina.
El sistema también prevé que cualquier cambio en los registros quede identificado y tenga el visto bueno tanto de la empresa como del trabajador. Si hay un fallo técnico, se permitiría usar un sistema alternativo temporal, siempre que luego se digitalice. Las empresas tendrían que aprobar un protocolo y formar a la plantilla. Esa formación contaría como tiempo de trabajo y no tendría coste para el empleado.
El Congreso ya tumbó en septiembre de 2025 el proyecto que buscaba reducir la jornada a 37,5 horas y reforzar el control horario. Eso obligó al Ministerio de Trabajo a tramitar el registro digital por reglamento propio. Ahora, tras el dictamen del Consejo de Estado, el contenido final del decreto dependerá del texto que apruebe el Gobierno.
Según los medios españoles, si el decreto se aprueba en su versión más estricta, las empresas deberán implantar sistemas digitales avanzados y protocolos de formación, mientras que los trabajadores tendrán acceso casi inmediato a sus registros y la Inspección podrá consultar los datos en tiempo real.
Mientras tanto, las reglas sobre las horas extra no cambian. El artículo 35 del Estatuto permite pagarlas o compensarlas con descanso retribuido, según lo pactado. Si no hay acuerdo, el descanso debe darse en los cuatro meses siguientes. Un sistema digital más detallado haría más fácil comprobar la jornada real, pero no cambia las obligaciones legales actuales.
Para las empresas, lo clave será la publicación del texto definitivo en el BOE. Hasta entonces, siguen vigentes las normas actuales y no las condiciones del borrador de 2025. No hay fecha oficial de entrada en vigor ni se puede asegurar que se mantenga el plazo de veinte días previsto al principio. El seguimiento de la normativa puede consultarse en el resumen de La Voz de Galicia.
Los trabajadores deben seguir guardando sus registros y comprobar que reflejan bien la jornada hecha. El pago o compensación de horas extra debe ajustarse al contrato y convenio, y el límite anual de horas extra sigue en vigor, con las excepciones legales previstas.
El salto de horas extra sin pagar, que ha pasado de 2,5 a 3,09 millones semanales en solo un trimestre, muestra lo difícil que es controlar la jornada real en muchas empresas. El Ministerio de Trabajo quiere responder a este reto con un sistema digital más estricto, pero la falta de una fecha clara para su entrada en vigor mantiene la incertidumbre. En este contexto, la experiencia de empresas que han apostado por la digitalización y la formalización de contratos, como casos recientes, demuestra que la transparencia y el control efectivo de la jornada laboral son posibles cuando hay voluntad y reglas claras. El reto para el Gobierno es convertir el compromiso político en una norma concreta y aplicable, capaz de frenar el abuso de las horas extra no pagadas y dar seguridad jurídica a empresas y trabajadores.
