Desde este mes, miles de desempleados pueden realizar más trámites con el SEPE gracias a sistemas de identificación más sencillos. El cambio elimina barreras tecnológicas y amplía las opciones para solicitar prestaciones y subsidios.
Solicitar el paro o gestionar un subsidio ya no exige necesariamente un certificado digital. Desde el 16 de julio, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha puesto en marcha una regulación que permite a los desempleados identificarse de forma más sencilla para acceder a sus servicios, tanto por internet como por teléfono. El objetivo es claro: facilitar el acceso a las prestaciones y reducir las trabas tecnológicas que durante años han dificultado los trámites a miles de personas.
La nueva normativa, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 15 de julio, introduce alternativas como códigos temporales enviados al móvil o al correo electrónico, referencias personales y otros datos de contraste. Así, quienes no disponen de certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve, podrán acreditar su identidad mediante sistemas más accesibles y adaptados a diferentes perfiles de usuarios.
Identificación más flexible
El SEPE amplía el abanico de métodos para verificar la identidad del solicitante. Además de los sistemas tradicionales, ahora se aceptan códigos de un solo uso, contraseñas, referencias y, en el futuro, datos biométricos. Cada trámite exigirá un nivel de seguridad acorde a su naturaleza, y algunos accesos tendrán validez limitada al tiempo necesario para completar la gestión.
El código seguro de verificación, por ejemplo, se reserva para responder a requerimientos concretos y no permite consultar información personal más allá del trámite en cuestión. Esta medida busca proteger los datos sensibles y garantizar que solo el titular pueda acceder a su expediente.
Trámites que se abren
La resolución permite que el SEPE habilite progresivamente nuevos procedimientos que podrán realizarse por internet o teléfono. La sede electrónica informará en cada caso qué gestiones admiten los nuevos sistemas de identificación. Los formularios digitales podrán incluir un teléfono móvil o correo electrónico validado, al que se enviará un código temporal para confirmar la identidad y la voluntad de firmar la solicitud. Esta operación quedará registrada en el expediente administrativo.
En las gestiones telefónicas, el usuario podrá comunicar al empleado del SEPE un código recibido en su móvil o correo previamente registrado. La identificación quedará acreditada mediante una grabación de voz o una diligencia incorporada al expediente, reforzando la seguridad del proceso.
Los métodos clásicos siguen vigentes
El certificado digital, el DNI electrónico y Cl@ve continúan siendo válidos para acceder a los servicios del SEPE. La nueva regulación no elimina estos sistemas, sino que los complementa con opciones más inclusivas. En trámites especialmente sensibles o con mayor riesgo, el organismo podrá exigir métodos con mayores garantías y limitar el acceso a la información estrictamente necesaria.
Biometría: una opción futura
Aunque la normativa contempla la posibilidad de identificación biométrica, esta opción no estará disponible hasta que el SEPE la active y garantice su plena operatividad técnica y legal. Por ahora, los sistemas biométricos y la aplicación móvil corporativa no tienen efectos jurídicos, pero su inclusión anticipa una evolución hacia procesos aún más ágiles y seguros.
Contexto y alcance
La digitalización de los servicios públicos en España avanza, pero no todos los ciudadanos cuentan con los mismos recursos tecnológicos. Esta reforma responde a una demanda social de mayor accesibilidad y pretende reducir la brecha digital en el acceso a derechos básicos como el desempleo. El SEPE irá publicando en su sede electrónica los trámites que se vayan adaptando a los nuevos sistemas, por lo que el despliegue será progresivo.
En situaciones similares, como la gestión de bajas médicas prolongadas, la flexibilidad en los procedimientos administrativos ha sido clave para proteger los derechos de los trabajadores, como se explica en este análisis sobre los plazos tras 18 meses de baja médica: cómo se gestiona la continuidad de la prestación.
La entrada en vigor de estos cambios supone un paso relevante hacia una administración más cercana y adaptada a las necesidades reales de la ciudadanía. El reto ahora será garantizar que la información llegue a todos los usuarios y que los nuevos sistemas funcionen con la agilidad y seguridad prometidas.
