La flexibilización del subsidio para mayores de 52 años ha triplicado los beneficiarios desde 2005. El gasto extra previsto hasta 2030 supera los 17.900 millones. El informe de Fedea alerta sobre el impacto en las cuentas públicas.
La reforma del subsidio para desempleados mayores de 52 años, aprobada en 2019, ha provocado un fuerte incremento en el número de beneficiarios y en el gasto público asociado a esta ayuda. Según un informe de Fedea, el número de personas que reciben esta prestación se ha multiplicado por tres en las dos últimas décadas, pasando de poco más de 162.000 en 2005 a cerca de 459.000 en 2025. Este crecimiento se produce a pesar de la reducción del paro general en España, lo que evidencia el peso creciente de las ayudas asistenciales en el sistema de protección social.
El estudio de Fedea señala que la reforma impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez eliminó las restricciones impuestas en 2012, facilitando el acceso al subsidio y ampliando su duración hasta la edad ordinaria de jubilación. Entre los cambios clave destacan la rebaja de la edad mínima de 55 a 52 años, la evaluación individual de las rentas y el aumento de la base de cotización al 125% del Salario Mínimo Interprofesional. Estas medidas han elevado el coste para la Seguridad Social, que arrastra déficit desde 2012, y se estima que supondrán un gasto adicional de casi 18.000 millones de euros en valor presente hasta 2030.
El impacto económico no se limita a la Seguridad Social. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) también verá incrementado su desembolso, con una previsión de 1.818 millones de euros anuales en 2030 solo por el aumento de perceptores y la cuantía de la prestación. De acuerdo con las proyecciones del informe, en 2030 habrá más de 529.000 beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años, de los cuales más de 315.000 serán resultado directo de la reforma de 2019. Sin estos cambios, el número de perceptores se habría mantenido en torno a los 214.000.
El envejecimiento de la población y la ampliación de las ayudas asistenciales están tensionando las cuentas públicas, en un contexto donde el gasto en protección por desempleo supera ya los 1,8 millones de beneficiarios en total. Este fenómeno se produce mientras otros sectores económicos también enfrentan investigaciones y ajustes regulatorios, como ocurrió recientemente con la apertura de un expediente a los principales bancos españoles por posibles prácticas colusorias en hipotecas, según se informó en una investigación sobre el sector bancario.
En el contexto europeo, España se sitúa entre los países con mayor proporción de ayudas asistenciales vinculadas al desempleo, lo que añade presión a la sostenibilidad del sistema de pensiones y a las finanzas públicas. El informe de Fedea advierte que, de mantenerse la tendencia, el peso de estas prestaciones podría seguir creciendo en los próximos años, obligando a nuevas revisiones del modelo de protección social.
