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El tribunal anula la exigencia del SEPE de nuevas cotizaciones para acceder a la prestación

Laura Castillo Español.News

Publicado por Laura Castillo

El tribunal anula la exigencia del SEPE de nuevas cotizaciones para acceder a la prestación Español.News
El tribunal anula la exigencia del SEPE de nuevas cotizaciones para acceder a la prestación

El Tribunal Supremo de España permite combinar pensión de invalidez y subsidio para mayores de 52 años. El Tribunal Supremo de España ha reconocido el derecho de los ciudadanos a recibir simultáneamente la pensión de invalidez y el subsidio de desempleo para mayores de 52 años. La sentencia anula las anteriores restricciones impuestas por el SEPE y podría afectar a miles de familias.

El Tribunal Supremo de España ha zanjado la controversia entre los ciudadanos y el Estado respecto al derecho a la protección social después de los 52 años. Los jueces reconocieron que, si una persona ya recibe una pensión por invalidez, también puede optar a la prestación por desempleo para mayores de 52 años, incluso si para la concesión de la pensión ya se han utilizado todos los periodos de cotización requeridos.

Anteriormente, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) exigía que, para acceder a la prestación después de los 52 años, el ciudadano presentara nuevos periodos de cotización tras la concesión de la pensión por invalidez. Esta norma dejaba sin apoyo a muchas personas, especialmente a quienes, debido a su estado de salud, no podían reincorporarse al trabajo y acumular nuevas cotizaciones.

La decisión judicial

La sentencia, dictada el 25 de marzo, desestimó el recurso presentado por el SEPE y confirmó el criterio previamente adoptado por un tribunal de Cataluña. El Tribunal Supremo señaló expresamente que los periodos de cotización ya tenidos en cuenta para la pensión por invalidez pueden reutilizarse para acceder a la prestación por desempleo para mayores de 52 años. Esto significa que la persona no tiene que empezar «de cero» ni justificar nuevos periodos de trabajo tras el reconocimiento de la invalidez.

En la sentencia se subraya que la exigencia del SEPE de nuevos periodos de cotización no tiene base legal y contradice el propio objetivo de la prestación: apoyar a quienes no pueden jubilarse por edad, pero tampoco pueden seguir trabajando.

Cómo surgió el conflicto

El motivo de la controversia fue el caso de un trabajador que, desde 2008, recibía una pensión por incapacidad y en 2019 solicitó el subsidio de desempleo para mayores de 52 años. Inicialmente, el SEPE le concedió la prestación, pero posteriormente revisó la decisión y la denegó, alegando la ausencia de nuevas cotizaciones tras la concesión de la pensión. El tribunal no estuvo de acuerdo con este enfoque y recordó que la ley no exige acumular de nuevo el periodo de cotización si la persona ya cuenta con el tiempo requerido.

¿Qué cambia para los ciudadanos?

Ahora, miles de españoles que se encuentren en una situación similar podrán acceder a un apoyo adicional. El Tribunal Supremo subrayó que el subsidio para desempleados mayores de 52 años está vinculado a la futura pensión de jubilación y tiene como objetivo proteger a quienes no pueden trabajar pero aún no han alcanzado la edad de retiro. Si una persona ya ha acumulado el periodo de cotización necesario, el Estado no puede negarle la prestación únicamente porque ese tiempo ya fue considerado al otorgar la pensión por incapacidad.

Para muchas familias, esta decisión representa un apoyo financiero real en el periodo comprendido entre la pérdida de capacidad laboral y la jubilación. Según Talent24h, disputas similares eran habituales y, ahora, la jurisprudencia es clara.

La cuestión de los derechos de los trabajadores que se encuentran en situaciones difíciles sigue siendo relevante para el mercado laboral español. Por ejemplo, recientemente se debatió que los empleados que reciben una notificación de despido tienen derecho a tiempo remunerado para buscar un nuevo empleo; se puede obtener más información al respecto en el artículo sobre las garantías para los trabajadores despedidos.

Los expertos destacan que la decisión del Tribunal Supremo no solo protege los derechos de las personas con discapacidad, sino que también establece un nuevo estándar para todo el sistema de apoyo social en España. Ahora, los organismos estatales están obligados a tener en cuenta esta aclaración al considerar solicitudes similares.

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