Una trabajadora de oficina de 42 años, con dolor lumbar crónico, depresión y un 48% de discapacidad, no recibirá la pensión de incapacidad permanente. El tribunal considera que sus limitaciones no le impiden ejercer su puesto.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha ratificado la negativa del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a conceder la incapacidad permanente a una empleada administrativa de 42 años, que había solicitado la pensión tras más de un año de baja por problemas de salud. La mujer, que padece dolor lumbar crónico, depresión mayor recurrente y una discapacidad reconocida del 48%, alegaba además debilidad en la pierna izquierda, lo que le provoca cojera al caminar.
Según la sentencia, la trabajadora inició su baja en marzo de 2022 tras una operación de hernia discal. Tras agotar los 545 días de incapacidad temporal, en septiembre de 2023 solicitó el reconocimiento de incapacidad permanente, argumentando que sus dolencias le impedían continuar en su puesto habitual.
Decisión del INSS
El INSS rechazó la solicitud al considerar que la afectada no cumplía los requisitos para acceder a la incapacidad permanente, ni en grado total (que inhabilita para la profesión habitual) ni absoluta (que impide cualquier trabajo). El organismo valoró que, pese a sus limitaciones físicas y psicológicas, la mujer podía desempeñar tareas administrativas, ya que no requería bastón ni muletas y sus funciones no implicaban esfuerzo físico relevante.
Recurso ante los tribunales
Tras la negativa administrativa, la trabajadora recurrió al Juzgado de lo Social nº2 de Cuenca, que dio la razón a la Seguridad Social. Posteriormente, presentó recurso ante el TSJ de Castilla-La Mancha, que ha confirmado la sentencia inicial. Los magistrados subrayan que las lesiones y secuelas descritas son compatibles con el desempeño de un puesto de oficina, donde es posible alternar entre estar sentada, levantarse o caminar para aliviar molestias.
Valoración de las dolencias
El tribunal destaca que, aunque la mujer camina con cojera, no necesita ayudas técnicas para desplazarse y sus tareas no exigen cargas físicas elevadas. Además, los informes médicos no acreditan que la depresión le impida trabajar, y dentro del tratamiento psicológico se recomienda mantener actividad, lo que refuerza la conclusión de que no existe una imposibilidad total para el empleo.
Sin pensión, pero con opción de recurso
La resolución del TSJ confirma la denegación de la pensión de incapacidad permanente, aunque la afectada aún puede recurrir ante el Tribunal Supremo. Este caso pone de relieve los criterios restrictivos que aplican tanto la Seguridad Social como los tribunales a la hora de valorar la compatibilidad entre determinadas dolencias y el desempeño de trabajos administrativos.
En España, la concesión de la incapacidad permanente depende de que las limitaciones físicas o psíquicas impidan de forma real y permanente el ejercicio de la profesión habitual. La valoración suele ser especialmente estricta en puestos de oficina, donde se considera que existen más posibilidades de adaptación a las limitaciones funcionales.
