El regreso de una directora a su puesto tras casi 16 años de excedencias y permisos por cuidado de hijos ha terminado en un giro inesperado: el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha anulado la indemnización de 118.786 euros que le había concedido un juzgado de primera instancia, limitando la compensación a 5.154,35 euros por diferencias salariales.
La empleada, madre de seis hijos y con antigüedad reconocida desde el año 2000, se reincorporó el 13 de enero de 2025 después de un largo periodo de ausencias legales. Al volver, se encontró sin acceso a las herramientas básicas de trabajo, con una categoría profesional rebajada y una antigüedad incorrecta en su contrato. La empresa atribuyó estos fallos a errores informáticos y fue corrigiendo la situación en las semanas siguientes, aunque persistieron diferencias en los pluses de antigüedad y capacitación.
Conflicto tras la reincorporación
El 19 de febrero de 2025, la compañía comunicó a la directora su traslado a otro centro, alegando motivos organizativos y económicos. Poco después, la trabajadora inició una baja médica y presentó demanda solicitando la extinción indemnizada del contrato, amparándose en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, que permite esta vía en caso de incumplimiento grave por parte de la empresa. También reclamó una indemnización por discriminación de género.
El Juzgado de lo Social número 3 de Pamplona le dio la razón parcialmente: declaró extinguida la relación laboral, fijó una indemnización de 118.786,86 euros —equivalente a un despido improcedente—, sumó 8.000 euros por daños morales y reconoció 5.154,35 euros por diferencias salariales. La empresa recurrió ante el TSJ de Navarra.
El TSJ rechaza la extinción y los daños morales
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha estimado en parte el recurso de la empresa y ha revocado la extinción indemnizada. Considera que los problemas de acceso, categoría y salario sufridos por la trabajadora fueron temporales y se resolvieron en un plazo razonable, sin alcanzar la gravedad exigida por la ley para justificar la ruptura contractual. El tribunal subraya que la empleada no quedó sin funciones y que la empresa corrigió los errores detectados. Además, descarta que existiera discriminación de género, al no hallar indicios suficientes para vincular las incidencias con las excedencias por cuidado de hijos.
En consecuencia, el TSJ anula tanto la indemnización principal como la compensación por daños morales, manteniendo únicamente el derecho a percibir las diferencias salariales acumuladas durante el proceso de reincorporación.
Claves legales y contexto
El artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores exige un incumplimiento empresarial grave y continuado para que prospere la extinción indemnizada, con una indemnización similar a la de un despido improcedente. En este caso, el tribunal ha considerado que los fallos de la empresa, aunque reprochables, no alcanzaron ese umbral. El fallo recuerda que el periodo de excedencia por cuidado de hijos computa a efectos de antigüedad y que la reserva del puesto está garantizada por ley, aunque la reincorporación puede no estar exenta de incidencias prácticas.
Este caso pone de relieve la complejidad de las reincorporaciones tras largos periodos de excedencia y la importancia de que las empresas gestionen correctamente el retorno de sus empleados. Situaciones similares pueden afectar a la cotización y derechos laborales, como ocurre cuando el SEPE suspende la cotización de mayores de 52 años que aceptan un empleo a jornada completa, según se explica en este análisis sobre cambios en la cotización y subsidios.
La sentencia del TSJ de Navarra, aunque no sienta doctrina, marca un precedente relevante para quienes afrontan procesos de reincorporación tras largos permisos. El caso también ilustra los límites legales de la extinción indemnizada y la necesidad de acreditar un incumplimiento empresarial grave y sostenido para acceder a una compensación equiparable al despido improcedente.
