Ecologistas se oponen a la nueva reforma madrileña de caza y pesca. Las autoridades de Madrid preparan la primera reforma regional de normas de caza y pesca. Organizaciones ecologistas critican duramente el proyecto por la falta de controles y la ampliación de la lista de especies permitidas.
Las autoridades de Madrid se preparan para aprobar la primera versión propia en la historia de la región de una ley sobre la regulación de la caza y la pesca. El documento ya ha recibido el visto bueno del gobierno y espera ser examinado en la Asamblea, mientras que su entrada en vigor está prevista para 2026. Sin embargo, incluso antes de las audiencias parlamentarias, el proyecto ha provocado una fuerte reacción por parte de las plataformas ecologistas, que consideran que la nueva redacción abre la puerta a la caza indiscriminada de animales y no prevé mecanismos reales de supervisión de las consecuencias para la naturaleza.
Críticas y preocupaciones
Las principales asociaciones ecologistas de la región —“Plataforma Ecologista Madrileña”, “Empatía” y “NAC No a la Caza”— han firmado una declaración conjunta contra la iniciativa. En su opinión, la ley se preparó sin estudios previos sobre el estado de las poblaciones y está orientada a los intereses del sector cinegético, que, según sus datos, representa a menos del 1% de los residentes pero controla la mayor parte de las áreas rurales. Los representantes de la plataforma señalan que el número de especies permitidas para cazar aumenta de 24 a 31 sin justificación científica, y algunas de ellas no requieren control poblacional.
Especial descontento genera el punto sobre la introducción de planes especiales de control de poblaciones para los municipios. Esto permitirá organizar la caza de especies como el jabalí o el conejo fuera de las temporadas habituales. Los ecologistas opinan que tales medidas llevarán a una reducción masiva de animales y no van acompañadas ni de un análisis de consecuencias ni de límites sobre las tecnologías utilizadas.
La posición de los cazadores y las autoridades
La Federación de Cazadores de Madrid, por el contrario, apoya la reforma. Su presidente, Antonio García, destaca que la normativa vigente fue aprobada en 1970 a nivel estatal y está obsoleta desde hace tiempo. Según él, la nueva ley permitirá actualizar las reglas, aumentar la seguridad e introducir métodos modernos de gestión de la fauna. La federación afirma que ninguna de las especies incluidas en la lista está en peligro de extinción, y que en caso de detectar problemas, la población se regula conforme a la ley.
García también rechaza las acusaciones de que la ley permitirá la caza durante todo el año o el uso de tecnologías modernas para el exterminio masivo de animales. Señala que los períodos de veda se mantienen y se adaptan a las temporadas de reproducción, y que los permisos para medidas de emergencia solo se otorgan ante una amenaza clara, como un rápido aumento de la población de jabalíes. El uso de drones y cámaras térmicas está restringido y solo es posible mediante una autorización especial para fines científicos o de seguridad.
Contexto y alcance
Hoy en día, casi el 70% del territorio de la Comunidad de Madrid está oficialmente reconocido como cotos de caza, lo que equivale a unas 576 mil hectáreas. En la región existen unas 50 mil licencias de caza y 46 mil de pesca. Las zonas de pesca se extienden a lo largo de casi 130 kilómetros y en parte se gestionan conjuntamente con los municipios. Las organizaciones ecologistas consideran que, dadas estas dimensiones, cualquier flexibilización en la regulación puede acarrear consecuencias irreversibles para la biodiversidad.
Las cuestiones relacionadas con el equilibrio entre los intereses de los cazadores y los defensores del medio ambiente son objeto de intensos debates en España de forma regular. Recientemente, el conflicto entre Madrid y Canarias por los riesgos sanitarios a bordo de un barco con enfermos llevó a un desacuerdo público entre las autoridades regionales, tema que fue analizado en detalle en el reportaje sobre el enfrentamiento entre Madrid y Canarias por el barco con Hantavirus.
Perspectivas de aprobación
Según las plataformas ecologistas, las posibilidades de frenar la ley son mínimas: solo queda completar el trámite parlamentario para su entrada en vigor. Los representantes del sector cinegético insisten en el respeto a su actividad y subrayan que el objetivo no es la eliminación de los animales, sino el control de sus poblaciones. Por su parte, los ecologistas advierten que la nueva redacción de la ley podría provocar una drástica reducción de las poblaciones y la eliminación de facto de las limitaciones a la caza.
