El tribunal convoca a Begoña Gómez a una audiencia preliminar y amenaza con conducción forzosa. La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, debe comparecer ante el tribunal el 9 de junio. El juez ha advertido que, si no se presenta, será llevada por la fuerza. También han sido citados un asesor de Moncloa y un empresario.
En Madrid, el juez Juan Carlos Peinado ha fijado para el 9 de junio la vista preliminar del caso en el que está implicada la esposa del presidente del Gobierno de España, Begoña Gómez. La audiencia se celebrará a las 11:00 y el juez exige la presencia personal de los tres acusados: la propia Gómez, la asesora de Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. En caso de incomparecencia, según se subraya en el auto judicial, serán llevados a la sala por la policía.
La decisión de citarles fue adoptada tras la recepción en el juzgado del último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y de los escritos finales de la defensa, la fiscalía y las acusaciones populares, entre ellas la organización Hazte Oír. Según señala EL PAÍS, el juez ha insistido especialmente en la obligatoriedad de la comparecencia personal de todos los implicados en el proceso.
La atención al caso de Begoña Gómez se mantiene desde hace varios meses. Anteriormente, según la Guardia Civil, no se detectaron operaciones sospechosas en sus cuentas bancarias, aunque la investigación sigue en marcha. En el sumario también figuran otros involucrados, así como cuestiones relacionadas con la actividad profesional de la esposa del jefe del Ejecutivo. Más detalles sobre las fases previas de la investigación pueden consultarse en el reportaje sobre las auditorías bancarias de Gómez: investigación de la UCO sobre las cuentas de la esposa de Sánchez.
Las audiencias judiciales sobre casos de alto perfil relacionados con altos cargos en España siempre generan un amplio eco público. En estos casos, los jueces suelen enfatizar la necesidad de la presencia personal de los acusados para evitar retrasos en el proceso y garantizar la transparencia del procedimiento. Según la legislación española, la incomparecencia ante una citación judicial puede conllevar la conducción forzosa, una medida que se aplica no solo a figuras públicas, sino también a cualquier participante en causas penales. En los últimos años, estas medidas también se han tomado en otros procesos de gran repercusión, lo que subraya el enfoque de principio del sistema judicial español respecto a la comparecencia y la responsabilidad.
